Provea se sumó a la lista de organizaciones defensoras de los Derechos Humanos, como FADES y UNETE, que denunció la supuesta acción e algunas instituciones, organismos y empresas del Estado que estarían obligando a los empleados públicos a firmar contra el decreto suscrito por el Presidente Barack Obama contra Venezuela.
En este sentido, el Inti Rodríguez, coordinador de medios de PROVEA conversó con María Alejandra Trujillo en el programa “Conexión RCR 750 AM” sobre el tema y señaló que este tipo de presiones constituye una violación directa de los Derechos Humanos de los trabajadores.
Provea ha recibido denuncias de instituciones del Estado, Ministerios, empresas públicas, como PDVSA, PDVAL, Tribunales de Falcón, Carbonorca, sobre de hostigamiento, amenazas, acosos contra los empleados por negarse a firmar
-Se registra una especie de lista Tascón a la inversa con escenarios de exclusión política y discriminación laboral, es una situación de alarma, toda vez que el Ejecutivo está enfrentando el decreto de Obama como una amenaza verdadera con estas amenazas de despido por no compartir una posición política, señaló el coordinador.
Asegura que se trata de una violación de la legislación no sólo venezolana, sino de los tratados internacionales sobre DDHH y que además coloca en una posición e riesgo los puestos de trabajo de los empleados por expresar su opinión política.
Rodríguez afirma que se utilizan mecanismo de amenaza como oficios, en los que se obligan a los directivos y jefes a recabar cierto número de firmas y además se instalan toldos en las puertas de las instituciones y organismos para amedrentar e intimidar a las personas.
-En PDVAL un trabajador de Dirección fue despedido el pasado jueves por no recolectar firmas y negarse a firmar, dijo.
Para el representante de PROVEA hay sin duda una situación de presión, la cual debe ser denunciada y expuesta pro quien es víctima de este tipo de hostigamiento laboral y para ello, la ONG dispuso redes sociales para brindar el apoyo jurídico necesario para solventar la situación.
Explicó que es muy temprano para determinar el impacto de las denuncias sobre cuántos puestos han sido amenazados.
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