Muchas tiendas y negocios estaban cerrados y las calles casi desiertas el martes al comenzar una huelga general liderada por los sindicatos del transporte en protesta por los impuestos sobre los salarios y la elevada inflación.
Es el cuarto paro general que enfrenta la presidenta Cristina Fernández, convocado por algunos de los sindicatos más poderosos del país, que también buscan una demostración de fuerza ante los candidatos que aspiran a sucederla en las elecciones de octubre.
La protesta de 24 horas es liderada por la Unión del Tranviarios Automotor (UTA), que representa a los choferes de autobuses de corta y media distancia, junto a los gremios de camioneros, ferroviarios, aeronáuticos, el metro y portuarios. También adhieren bancarios y trabajadores enrolados en el ala más crítica de la Confederación General del Trabajo (CGT), como gastronómicos, judiciales, personal de estaciones de servicio y un sector de los empleados públicos.
Y dentro de la corriente sindical más afín al gobierno, el sindicato de metalúrgicos declaró la «libertad de acción» para sus afiliados.
A su vez militantes del partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) bloqueaban los principales accesos a la capital argentina.
«El impacto es completo», afirmó Roberto Fernández, líder la Unión del Tranviarios Automotor (UTA), en diálogo con radio Mitre. «Pero para nosotros no es ninguna alegría esto, acá el que pierde es el país. Lamentablemente el gobierno se niega a razonar y sentarse en una mesa para discutir y buscar un buen camino para todos. Y debido a eso se sucedió esto».
Los huelguistas reclaman al gobierno que eleve el piso salarial a partir del cual un trabajador debe tributar ganancias. En la actualidad está fijado a partir de los 15.000 pesos (unos 1.700 dólares) al mes, lo cual afecta al 10 por ciento de los trabajadores en blanco, según el gobierno.
Los gremios aducen que ese impuesto es confiscatorio y que reduce todavía más al poder adquisitivo de los trabajadores con una inflación que en 2014 rondó el 35 por ciento.
El gobierno cree que la huelga tiene móviles políticos a siete meses de las elecciones presidenciales y ha descartado por ahora un cambio en el esquema del impuesto a las ganancias.
«Están parando por defender a los sueldos altos de otros gremios», dijo el jefe de gabinete de ministros, Aníbal Fernández, en rueda de prensa. Según el funcionario, el impuesto a las ganancias sólo alcanza entre el 7 y el 8% de los trabajadores del gremio de la Unión Tranviario Automotor, impulsor de la huelga.
El jefe de gabinete dijo que este impuesto «lo que hace de alguna manera es transferir los ingresos del decil más alto de todos, en el cual están los que ganan un buen dinero, hacia los otros que reciben un beneficio en términos solidarios de la seguridad social, de la Asignación Universal por Hijo (subsidio a las familias sin empleo), asignaciones familiares que se puede hacer para beneficiar al trabajador».
Según Patricio Giusto, director del instituto de investigaciones Diagnóstico Político, más que una forma de presionar a un gobierno saliente, la medida de fuerza es una señal para el que surja de las elecciones de octubre.
«Gane quien gane, el próximo presidente tendrá que ocuparse de esta situación», dijo Giusto. «Es inevitable si no quiere tener conflictos» con un gran sector de la población.
