Así lo definió el Consejo de Estado al revisar una resolución emitida por el director de una cárcel del municipio de La Dorada, en el departamento de Caldas y a 115 kilómetros al noroeste de Bogotá, en la que había prohibido a los visitantes llevarle a los reclusos todo tipo de material pornográfico.
Según informó el martes el diario bogotano El Tiempo, el alto tribunal concluyó que dicha determinación violaba una decisión de la Corte Constitucional de 1998 toda vez que «no existe justificación constitucional que permita la limitación de los derechos de los internos más allá de las exigencias relacionadas con la finalidad perseguida con la pena impuesta».
Adicionalmente, resolvió que los presos pueden tener material pornográfico porque, entre otros motivos, «cada persona es libre de escoger sus lecturas y pasatiempos» siempre y cuando no afecten los derechos de los demás internos.
