La naturaleza industrial y comercial no encajan con la ley misma. Cuatro meses han pasado de la entrada en vigencia de la providencia administrativa Nº 40547, que establece que el Precio de Venta Justo (PVJusto) deberá ser establecido y marcado a todos los productos bienes y servicios. Sin embargo, representantes del sector señalan que la puesta en práctica de la medida ha representado problemas complejos de resolver.
Así lo consideró el presidente de Fedecámaras, Jorge Roig, para quien el etiquetado establecido en dicha ley ha representado un problema más, en la larga lista de trabas que debe enfrentar el empresario en Venezuela.
La complejidad de cumplir este paso, reside en que, según la Gaceta Oficial, el marcaje de PV Justo debe incorporar las siglas del PVJusto, el monto, las siglas IVA, el monto a pagar resultante de la suma de los dos últimos e incluir la fecha de marcaje.
Por tanto, se trata de un diseño a cuatro líneas, que aún mantiene paralizado a grupos productivos.
Roig explicó que el sector cuenta con stock para un etiquetado menor (dos líneas), sumado a que no tienen tinta para la impresión.
“Es algo tan irreal que tranca las líneas de producción”.
Añadió además que es complejo determinar el precio justo de un producto, puesto que no existen garantías de que todos los productores de un mismo sector obtengan dólares a una misma tasa de cambio. Habrá quienes, por no detener la producción, adquieran la materia prima en dólar libre.
Imposible de determinar
Sobre la fiscalización para el cumplimiento de las nuevas disposiciones para el marcaje del PVJusto, Alberto Gámez, presidente de Fedecámaras-Lara, refirió que este nuevo proceso además de engorroso resulta confuso para los mismos comerciantes, que se ven imposibilitados a reflejar su estructura de costos y ganancia en la venta del producto, ya que dicho etiquetado con precio final, debe realizarlo el industrial o importador, sin conocer los canales por los cuales deba pasar ese producto, antes de llegar al consumidor.
Señaló que si bien las estadísticas refieren que el proceso está comprendido por el importador o fabricante, distribuidor o mayorista y quien vende al detal, este sistema puede variar.
A dicho comentario se sumó el presidente de la Cámara de Industriales, Giogio Reni Casas, quien comentó que la naturaleza misma del proceso productivo y comercial no concuerda con lo planteado en la ley. Es improbable que el fabricante o importador pueda calcular con exactitud la estructura de costos aguas abajo, a fin de colocar la etiqueta con el precio final.
En este sentido, añadió que las cadenas de distribución pueden ser más cortas o largas por la particularidad del servicio o las distancias geográficas, lo que sumaría eslabones, que difícilmente pueda estimar el primer miembro de la cadena. Colocó como ejemplo la complejidad del proceso de distribución de productos en Canaima, a donde los artículos de alimentación deben llegar en avioneta, a diferencia de lo que pueda ocurrir en Barquisimeto.
No cree que con esta medida el Gobierno tenga intenciones de acortar los canales de comercialización, y con esto cercenar ciertos eslabones. Sin embargo, el efecto generado por la ley pareciera ser ese.
“El gobierno está buscando, en la mejor de sus intenciones, aunque errada, hacer que los precios se mantengan controlados, pero el problema está en las bases ideológicas de este gobierno y en el excesivo control”.
Reni Casas sostuvo que este problema es producto del control de precios, que a su vez genera escasez. Añadió que los fabricantes de grandes volúmenes no pueden distribuir directamente al consumidor final y que ninguna economía del mundo conoce con exactitud la cantidad de pasos que debe superar el bien o servicio hasta llegar al minorista, por lo cual la ley no sería práctica en sí misma.
No controlan el bachaqueo
Gámez advirtió que es poco probable que el Gobierno controle el bachaqueo con esta medida, ya que el asunto no radica en el desconocimiento del valor de productos por parte del consumidor, sino en la carencia o complejidad de la adquisición de este. Refirió que el ciudadano está consciente del valor de los artículos, sin embargo, paga el monto de reventa al verse imposibilitado de comprar en los establecimientos regulares.
Asimismo, añadió que la solución real es promover la producción en Venezuela, donde desde inicios de 2015 se importa el 83 % de los productos consumidos y sólo se produce 17 %.
Para constatar dicho porcentaje invitó a los usuarios a revisar con detenimiento las etiquetas de los productos que se consumen diariamente, incluso los reconocidos en el mercado como “productos gobierneros”.
