Presuntas regulaciones impuestas por la Zona Educativa del estado Lara y distintas variables económicas que aumentan el índice inflacionario, han puesto en peligro a un aproximado de 7.000 cupos de colegios privados en el estado.
Cerca de 12 instituciones aquejan insostenibilidad operativa y manifiestan sus intenciones de cerrar puertas si no mejoran las perspectivas del país.
Antonio Figueroa, asesor legal de la Asociación Larense de Educación Privada (ALEP), informó que el problema principal del sector recae en que la estructura de costos, fijada en el mes de julio de 2014 bajo normativa del ministerio de Educación, ha sido vapuleada por constantes ajustes en la economía de la República.
Explicó, que la primera variable se presentó el 13 de noviembre de 2014, cuando apareció el decreto de aumento de la base impositiva del Bono de Alimentación, cuyo ajuste fue fijado de 0,25% a 0,50%. Esta modificación representó un 100% de aumento en las finanzas de las instituciones.
Aunado a esto, en el mes de diciembre el Estado promulgó un sorpresivo incremento salarial de 15%, significando unos gastos del 22,24% en los colegios por incidencias propias de las prestaciones sociales.
Después, el 1° de febrero, aparece un nuevo aumento de salarios del 15%, representando otra carga del 22, 24%.
Posteriormente, el pasado 25 de febrero aumentó el valor de la Unidad Tributaria, lo cual incidió directamente en el Bono de Alimentación, cuyo valor pasó de 63,50 bolívares a 75 bolívares.
Las expectativas que se avecinan no son las mejores, continúa Figueroa, puesto que se espera otro incremento salarial para el 1° de mayo, Día del Trabajador.
Según expertos, se estima que el ajuste sea cercano al 30%, lo que representaría un 45% de carga financiera para las instituciones privadas.
En tal sentido, los colegios han programado asambleas para plantear ajustes en concordancia con los consejos educativos.
Según la ALEP, en peligro de cierre están los colegios: Valle de Cabudare, con una matrícula de 400 alumnos; Colegio 24 de junio de 1821, con 1.000 alumnos; Manuel Carlos Piar, con 400 alumnos; entre otras instituciones.
Regulaciones
En otros casos, como el del Colegio Nueva Segovia, los problemas inician por reclamos promovidos por grupos de representantes que no comulgan con la decisión de aumento de matrícula y mensualidad acordada en asamblea de representantes.
A esta institución, la Zona Educativa le redujo en 50% el costo de su mensualidad sin estimar los gastos operativos. Como medida de sostenibilidad, la institución no ofertará más cupos para sus distintos niveles educativos.
Aunque acordaron con los representantes pagar lo que estimaba la estructura de costos, esperan que el organismo del ministerio de Educación no interponga otras medidas.
De lo contrario cerrarán, por cuanto consideran que no pueden mantener el colegio con la reducción abrupta de sus ingresos.
