Las FARC criticaron el sábado la actuación del expresidente de la Corte Constitucional, luego de que fuera señalado en un presunto caso de corrupción, y descalificaron la idoneidad del sistema judicial colombiano para procesar en el futuro a los rebeldes tras la eventual firma de la paz con el gobierno.
«El país no merece tener un presidente de la Corte Constitucional como el señor (Jorge) Pretelt, corrupto magistrado que refleja la degradación de la institucionalidad colombiana», dijo desde La Habana el jefe rebelde alias Pastor Alape.
Pretelt es investigado por supuestamente haber pedido al menos 400 millones de pesos (unos 151.000 dólares) para torcer una decisión judicial en favor de la petrolera privada Fidupetrol, por una multa millonaria que la compañía debía pagar a un departamento del noreste del país.
Esa acción de amparo fue rechazada en octubre pasado.
La guerrilla consideró que el sistema de justicia nacional «no puede pretender impartir justicia a quienes se levantaron en armas apelando al legítimo derecho a la rebelión» y que, más bien, «necesita urgentes cambios institucionales», según se lee en el mismo comunicado que recoge las palabras de Alape y que fue publicado en la página web de las FARC.
Si el gobierno del presidente Juan Manuel Santos llega a sellar un acuerdo con las FARC para poner fin al conflicto de medio siglo, la Corte Constitucional tendrá que revisarlo.
Desde noviembre de 2012, el gobierno y la guerrilla han alcanzado acuerdos parciales en La Habana sobre asuntos agrarios, participación política y lucha contra el narcotráfico. Actualmente analizan la reparación a las víctimas, la dejación de armas y la reinserción de los rebeldes.
Tras conocerse el escándalo que envuelve a la Corte Constitucional, diferentes sectores colombianos han exigido a Pretelt que renuncie definitivamente a su investidura como magistrado.
En la víspera, el juez aseguró que no renunciará a su cargo y dijo que todo se trata de una persecución encabezada por la Fiscalía General de Colombia.
