El Secretario General del Sindicato Textil y coordinador de la Unión Nacional de Trabajadores (Unete), Elpidio Rojas, denunció este jueves que el Gobierno ha aprovechado la controversia de la crisis diplomática con Estados Unidos para desviar la atención de los temas que afectan a los venezolanos.
Explicó que si bien Unete «rechaza la injerencia del imperio y de cualquier país u otro imperio en los asuntos del país y el derecho de Venezuela a defenderse, consideran que el gobierno pretende distraer a la gente de la realidad que se vive y que los venezolanos olviden la corrupción galopante».
«Combatir la corrupción es también defender la soberanía, pues para sacar un documento o una partida de nacimiento por ejemplo, te ponen a esperar hasta un mes, para luego terminar cobrando vacuna o pagando por un trámite que se supone debería ser gratuito. Podrá parecer esto algo insignificante, pero ese es un ejemplo pequeño» señaló.
Agregó que si se trata de cuentas claras, el Ejecutivo Nacional es inauditable. «El Estado no rinde cuentas, ni en el pasado ni ahora y las reservas cada día son menos. No hay detenidos, ni investigación abierta ni nadie que informe qué se está haciendo con el dinero de los venezolanos».
“En los temas de corrupción el Estado debe dar respuestas y debe haber un debate, y de paso, que quede claro que no estamos de acuerdo con la injerencia del imperio en el país, pero no consideramos necesaria una ley habilitante para vigilar sobre el tema, porque tenemos una Constitución que tiene mecanismos para ello. Con la aprobación de esta Ley Habilitante corremos el peligro de que se reprima cualquier organización, institución o gremio que opine diferente al gobierno. Ya pidió poderes especiales para lo económico y esperábamos que abarcara la lucha contra la corrupción. ¿Se hizo algo? no, no se hizo. Seguimos en lo mismo”, sentenció.
Finalmente, Unete también exigió que se restituyan los derechos de los trabajadores tercerizados «cuya condición debe ser formalizada en mes y medio, cuando se cumple el plazo para que estos sean reconocidos como empleados».
Denuncian que en el país aún existen 2 millones de tercerizados, de los cuales el 80% corresponde a empresas públicas.
