La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió este viernes medidas cautelares a favor del activista venezolano Marco Antonio Ponce, al considerar que su vida corre riesgo tras ser objeto de señalamientos intimidatorios por parte de altos funcionarios de Venezuela.
La CIDH, órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), consideró que «los derechos a la vida e integridad personal» de Ponce, coordinador general de la organización Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, «se encontrarían en situación de riesgo» y pidió la protección del Estado venezolano.
La Comisión llegó a esta conclusión tras recibir información sobre señalamientos descalificativos que habrían proferido altos funcionarios venezolanos, y la publicación en medios de comunicación de fotografías de Ponce, así como datos específicos sobre su ubicación.
Las medidas cautelares fueron solicitadas por varias de las ONG venezolanas que viajaron a Washington esta semana para exponer la situación de derechos humanos en Venezuela durante las audiencias de la CIDH.
Ponce había acudido también a las sesiones, pero no participó en las deliberaciones.
El órgano de derechos humanos de la OEA denunció que varios de esos activistas venezolanos han sido objeto de «señalamientos, actos de intimidación y acciones de descrédito» por parte de altos funcionarios del gobierno de Caracas por haber participado en sus sesiones.
La CIDH indicó que el sitio web del programa televisivo del presidente de la Asamblea Nacional y número dos del gobierno, Diosdado Cabello, hizo acusaciones contra varios de los activistas que viajaron a Washington, y publicó la fecha y hora de su retorno a Venezuela.
Entre los señalados en ese medio destacan Carlos Correa, Liliana Ortega, Humberto Prado y Feliciano Reyna, a quienes se les acusa de viajar a Estados Unidos «para conspirar contra el Gobierno de Venezuela».
La CIDH condenó esa actitud como «absolutamente inaceptable» y pidió a los responsables gubernamentales «abstenerse de realizar declaraciones que estigmaticen a los defensores» que acudan ante los órganos interamericanos.
La Comisión también instó a Venezuela a «garantizar que los defensores puedan regresar de forma segura al país sin ser objeto de represalias».
Las actividades de los defensores de derechos humanos «son un pilar esencial para el fortalecimiento de las democracias», y las declaraciones estigmatizantes en su contra le restan credibilidad, apuntó el organismo.
