Venezuela acudió el jueves a la OEA para denunciar que las sanciones sobre siete de sus funcionarios impuestas por Estados Unidos buscan allanar el camino para una eventual invasión militar o apoderarse de las reservas petroleras venezolanas, las mayores en el planeta.
Estados Unidos respondió negando categóricamente que planeara una invasión militar o que buscara desestabilizar al gobierno venezolano, y explicó que el decreto emitido a comienzos de mes por el presidente Barack Obama es un acto soberano para negar acceso a su territorio a personas a las que considera responsables de violar derechos humanos o incurrir en actos de corrupción.
Ambas naciones efectuaron el primer careo público desde que la Casa Blanca emitiera el decreto, que declara a Venezuela como una amenaza extraordinaria e inusual a su seguridad nacional y política exterior.
El intercambio ocurrió durante una tensa sesión extraordinaria celebrada por la OEA a pedido de Venezuela, durante la cual unas veinte delegaciones pedían el derecho de palabra.
La canciller venezolana Delcy Rodríguez alertó durante su intervención de 27 minutos que «se pretende, y el decreto así lo permite, poner mano sobre los recursos naturales estratégicos, sobre nuestra principal empresa petrolera, Petróleos de Venezuela».
El embajador interino de Estados Unidos ante la OEA, Michael J. Fitzpatrick, argumentó que se ha malinterpretado la redacción del decreto para asegurar que su país busca actuar contra Venezuela.
«Permítanme ser claro. No estamos preparando una invasión. No estamos buscando desestabilizar o derrocar al gobierno de (presidente Nicolás) Maduro con un golpe de estado», indicó.
Numerosos países solicitaron a Estados Unidos la derogación del decreto, tal como ya lo pidió el bloque regional Unasur.
El vicecanciller boliviano Juan Carlos Alurralde Tejada describió al alcance del decreto como «ambiguo, interminable y amplio. No tiene fin».
La vicepresidenta panameña Isabel de Saint Malo ofreció sus buenos oficios para mediar ante los dos países con el objeto de permitir que la venidera Cumbre de las Américas permita celebrar la presencia de Cuba por primera vez.
Panamá albergará el mes próximo la cumbre presidencial, y ha expresado su intención de emitir una declaración concentrada en acciones para alcanzar la equidad, dejando de lado asuntos políticos espinosos.
De Saint Milo dijo a AP que el sentir de su gobierno es que la Cumbre no es el foro apropiado para abordar las sanciones estadounidenses a funcionarios venezolanos, pero aclaró que «pero estamos preparados para propiciar la discusión que los jefes de estado quieran».
«Los jefes de estado debaten los temas que ellos quieran, y el presidente (Juan Carlos) Varela como anfitrión facilitará la discusión de los temas que surjan», agregó.
Durante una conferencia de prensa ofrecida antes de la sesión en la OEA, el ministro ecuatoriano de Relaciones Exteriores Ricardo Patiño dijo que buscará mediar ante ambas naciones en su condición de presidente pro tempore de CELAC, solo cuando ese bloque regional emita un pronunciamiento durante los próximos días.
Patiño explicó sin embargo que la aspiración venezolana es que ocurra un acercamiento político desde Estados Unidos para abordar las sanciones antes de que se celebre la Cumbre el 10 y 11 de abril.
«Si hay disposición de Estados Unidos a dar el diálogo, supongo que los presidentes tendrán mayor disposición a no incluir (en la declaración de la Cumbre) temas conflictivos, pero soy canciller del Ecuador. No presidente», señaló.
La OEA celebró la sesión del jueves durante un álgido periodo de las relaciones entre Caracas y Washington, que no intercambian embajadores desde 2010.
Venezuela pidió este mes a Estados Unidos reducir drásticamente la cantidad de diplomáticos apostados en Caracas, y comenzó a exigir visado a los norteamericanos.
