En una discreta bodega venezolana, muy cerca de la frontera con Colombia, se esconden varias toneladas de arroz, empacadas y listas para ser contrabandeadas. Hoy es arroz pero mañana será salsa de tomate, leche, pasta de dientes o máquinas de afeitar.
El jefe de esta operación, un contrabandista que luce una barba de tres días, ropa deportiva y trabaja para un sujeto que apoda el «Carteludo», tiene que coordinar el transporte de las toneladas del grano y de otros tantos productos, no se despega de un celular al que le llegan mensajes de texto sin parar, que confirman que otro cargamento viene en camino de Caracas.
«Mover un camión de leche deja más dinero que la cocaína», dice el contrabandista, que prefiere no dar su nombre por miedo a ser identificado y detenido. Se inició en este negocio transportando gasolina de un lado a otro y hoy maneja una red de unas 150 personas dedicadas al tráfico ilegal de alimentos.
Mientras los venezolanos se ven obligados a hacer largas filas frente a los supermercados para conseguir productos de primera necesidad, los contrabandistas viven su mejor momento gracias a la diferencia de precios de los productos básicos entre los dos países. Un kilo de arroz cuesta en Venezuela 26 bolívares, unos 10 centavos de dólar, pero en Colombia el mismo producto vale 15 veces más. Una crema dental cuesta hasta 27 veces más al lado colombiano de la frontera.
La gasolina también es un gran negocio. Un galón (cuatro litros) de combustible no cuesta ni un centavo en Venezuela en comparación con los tres dólares de Colombia. El gobierno calcula que las pérdidas por gasolina oscilan entre 50.000 y 100.000 barriles al día, lo que supone unos 3.000 millones de dólares al año, un 1.5% del PIB venezolano a precios internacionales.
«Es el problema de vivir en el país más barato del mundo», dijo a The Associated Press el gobernador de Táchira, José Gregorio Vielma Mora. «Un 30% de los alimentos del país salen ilegalmente».
El gobierno de Venezuela estableció una política de control de precios hace una década bajo el gobierno socialista del presidente Hugo Chávez con el propósito de ayudar a los pobres. Pero una economía dependiente del petróleo, como la venezolana, que ha sido víctima de una mala gestión y que ahora está siendo azotada por la caída de los precios mundiales del crudo, creó una escasez de dinero efectivo que hace casi imposible adquirir estos productos básicos importándolos.
Con la caída del valor del bolívar frente al dólar y el peso colombiano, revender productos básicos al otro lado de la frontera se ha convertido en un negocio irresistible.
El gobierno del presidente Nicolás Maduro atribuye el desabastecimiento en los supermercados a una «guerra económica» promovida por Estados Unidos y las élites del país, de la que, dice, el contrabando hace parte. Para ello ha desplazado a más soldados a la porosa frontera con Colombia de 2.200 kilómetros (1.400 millas), decidió cerrar la aduana durante la noche y aumentar gradualmente las penas de cárcel para los contrabandistas.
También han comenzado instalar unos 20.000 ‘capta-huellas’ para racionar la cantidad de productos que una persona puede adquirir y proyecta la instalación de cámaras en los puestos de control de la carretera y la creación de una «zona económica especial» entre los dos países.
En los últimos siete meses, el gobierno ha decomisado 12.000 toneladas de productos de contrabando que van desde fertilizantes hasta comida para animales o mayonesa. Según el general Efraín Velasco, máximo responsable militar en la frontera, «lo decomisado es suficiente para alimentar durante 15 días a los 1.700.000 habitantes de Táchira», dijo a la AP.
El contrabando vive su mejor momento gracias a que detrás existe una gigantesca red de corrupción que involucra a las mal pagadas fuerzas de seguridad de Venezuela. Una red que empieza en Caracas y termina en la aduana de San Antonio del Táchira, en la frontera, a 20 horas en camión. Un entramado en el que están implicadas todas las fuerzas de seguridad del estado que vigilan las carreteras: la Guardia Nacional, la Policía Nacional Bolivariana, el departamento de inteligencia SEBIN y miembros del ejército, quienes reciben en cada puesto de control de la carretera sobornos varían entre 10 y 40 dólares por carga, sumas nada despreciables en Venezuela.
Una legislación creada bajo decretos de emergencia económica aprobada el año pasado ha hecho del transporte de alimentos, sobre todo a ciudades a lo largo de la frontera, una operación tan complicada y vigilada con exportar un tesoro nacional. Pero la estrategia que siguen las redes del contrabando les permite obviar estos controles.
Una empresa fantasma de distribución de alimentos compra la mercancía en Caracas, Valencia o Maracay. En la guía, el documento imprescindible para circular con los alimentos, está escrito que los productos tienen destino final San Cristóbal. Pero los contrabandistas evitan fácilmente los controles alterando los documentos de carga, en los que subestiman la cantidad transportada, modifican el destino o encubren el lugar donde se embarcó.
Delante del camión de carga viaja otro vehículo conocido como ‘la mosca’, la persona encargada de pagar los sobornos y abrir las puertas en cada uno de 20 puestos de control establecidos en la capital y la frontera. Un mensaje de texto confirma que todo sigue su rumbo y el contrabandista anota cada pago en un sencillo cuaderno de espirales, según pudo ver la AP.
Durante el viaje de unos 650 kilómetros (400 millas), se paga unos 80.000 bolívares o alrededor de 300 dólares: 2,000 bolívares a la Guardia Nacional en Barinas, ciudad natal del fallecido presidente Chávez, 7.000 en Capitanejo, 10,000 al entrar al estado del Táchira. Son más de 20 pagos en total.
El mensaje de texto que pudo ver la AP confirma que viene en camino un nuevo cargamento y que todos los «peajes» ya «están cuadrados», en alusión a los sobornos han sido entregados y que la Ford 8-15 que transporta la carga llegará sin problemas a San Cristóbal.
El soborno más costoso se paga en San Antonio, la última ciudad en territorio venezolano, donde paramilitares controlan el paso y los riesgos son más altos. La zona es una de las más peligrosas de América Latina, donde conviven narcos, guerrilleros y bandas criminales, grupos surgidos en medio siglo de conflicto en Colombia.
De las 653 personas detenidas en Táchira en los últimos siete meses, 614 son civiles y 39 son militares. Esto último es un hecho «inédito» porque «antes no se detenía a ninguno», explica el general Velasco.
Unas cuadras antes de la aduana de San Antonio, los contrabandistas se desvían y toman un camino de baches y piedras dominado por grupos paramilitares. A diferencia de los cruces fronterizos más concurridos, donde las autoridades han tolerado que los lugareños pobres oculten productos en la parte trasera de sus motocicletas, el control de los paramilitares en esta tierra de nadie es ideal para estos contrabandistas.
En sólo 15 minutos, después de atravesar el río Táchira, toda la mercancía llegará a ‘La Parada’, un polvoriento barrio a las afueras de Cúcuta, la sexta ciudad más grande de Colombia. Se trata de un montón de calles donde miles de personas compran y venden bajo el fuerte sol cualquier cosa. Negocios millonarios se cierran en camiseta de tirantes sobre una mesa de plástico. Comerciantes de todo el país llega hasta aquí para comprar a buen precio el papel, el jabón o los preservativos que escasean en los anaqueles venezolanos pero que luego se venderán en Colombia.
La travesía por tierra que empezó en Venezuela termina a pocos metros de aquí, junto a la tienda de un hombre con un ojo de cristal, conocido como ‘El Pescado’, uno de los mayores compradores de la zona.
Vestido con una camiseta del Barcelona, otro contrabandista, de 26 años y que no quiere dar su nombre, explica que dos años atrás trabajó para ‘El Pescado’. Unas veces llevaba perfumería, otras comestibles y otras grandes montañas de dinero, otro de sus negocios. Ante la escasez de billetes, las casas de cambio de Colombia dan hasta un 7% de margen de ganancia por depositar en bolívares.
Hace dos años introdujo un camión de leche pero después de tantos días se había dañado. «Así que fuimos a un galpón en Cúcuta y la vaciamos. Yo me encargué de quitar los bichos con una pala y la re-empacamos de nuevo para vender en Colombia», recuerda entre risas.
«Antes esta era la frontera que más droga decomisaba de América y ahora no incautamos nada. ¿Por qué? Porque se han pasado al contrabando de alimentos», explica el gobernador del Táchira Vielma Mora.
Entre tanto, el contrabandista mira nervioso la cascada de mensajes de texto que siguen entrando en su teléfono. Según el general Velasco, el contrabando ha cambiado el rostro de San Cristóbal y ya nadie quiere trabajar porque prefiere dedicarse al tráfico de alimentos.
Pero los mismos contrabandistas en Táriba, San Antonio o el barrio de El Carmen, de San Cristóbal, donde llegan y salen los camiones, dicen que nunca habían trabajado tanto.
