Una parte del gasto público, desde el inicio de la gestión de Hugo Chávez, venía dirigiéndose a la promoción de un “Nuevo Modelo de Producción Social” (NMP), del cual se hablaba sin especificar su naturaleza y viabilidad, excepto la promoción de cooperativas.
En diciembre de 2007 con la propuesta de Reforma Constitucional, fallida pero echada a andar de todos modos, se señala una dirección precisa a los objetivos del Socialismo del Siglo XXI (empresas del Estado,
empresas mixtas, empresas comunales, empresas socialistas, cooperativas, empresas de producción social), y enfrentamiento feroz al sector privado (controles, regulaciones, acusación de explotadores y sujetos de expropiación).
Según el diseño, se expandiría la oferta de bienes y servicios a disposición de los venezolanos con el concurso de un NMP cada vez más vigoroso, en alianza con empresas del Estado.
Por el lado de la demanda, para que la gente comprase los productos que fuese generando el NMP, se incrementarían los montos de las pensiones y los pensionados, se pagaría la “enorme deuda social cumulada”, se otorgarían becas, transferencias directas en dinero y se dispensarían gratuitamente o con subsidio bienes y servicios: educación salud, seguridad, alimentación y vivienda, a los sectores populares.
Según esta visión, los trabajadores de la empresa privada seguirían cumpliendo su tradicional función.
A partir de 2003, las misiones se convierten en el centro de lo que será la política distributiva-social del gobierno. El ingreso público había crecido tanto que se pudo financiar cualquier actividad por extraña, improvisada o descabellada que pareciera.
Un año después de creadas las cuatro primeras misiones, apoyadas por personal cubano, en Venezuela no se habla sino de misiones, ahora sí todas con acento nacional.
Desde el ángulo económico, esto viene a constituir una expansión del gasto sin precedentes, llamado gasto social, dirigido a la satisfacción de las necesidades inmediatas, fortaleciendo el consumo de los sectores de
bajos recursos.
No hay información clara sobre la situación actual de las misiones. En el año 2011 unas desaparecen, otras se absorben en programas más amplios y se transforman en grandes misiones, así como grande es el
precio del petróleo que lo financia. Constituye logro indiscutible porque contribuye a la satisfacción de las necesidades más urgentes de la población y reduce el porcentaje de hogares venezolanos en condiciones
de pobreza. Sin embargo, luego de un gran descenso, de 53,9 a 26,5% entre 2004 y 2012, vuelve a aumentar desde 2013.
Alineado con supuesta suprema felicidad contemplada en el Plan de la Nación, se fue cerrando la brecha entre los sueldos y salarios, tal como refleja el Coeficiente de Gini.
Un valor cercano a cero revela mayor igualdad en los ingresos. Cercano a 1 registra una distribución desigual. Arribar a un 0,39 después de estar en 0,45 es un logro notable no exento de controversia.
La “homologación” de los salarios se alcanza mediante decretos siguiendo lo dispuesto en el art. 91 de la Constitución, la obligación de efectuar ajustes anuales del salario mínimo en proporción con el valor de
la canasta básica.
Detrás de la medida está el interés político de “nivelar por abajo”. Para el resto de los trabajadores que no devengan salario mínimo, las revisiones proceden cada dos, tres y hasta 5 años, con ajustes inferiores a la inflación.
De persistir en el empeño, dentro de poco tendremos salario único, sin importar si se trata de profesionales calificados, obreros rasos, jubilados, pensionados, o perceptores de ayudas sociales.
El llamado reparto popular de la renta, diseñado con el fin de garantizar el acceso a bienes y servicios a amplios sectores de la población mientras exalta la figura del líder supremo, sin que nadie pueda descifrar qué va primero, la exaltación o el reparto, ha sido exitoso en lo político -ahí están los resultados electorales-, pero un verdadero fracaso en lo económico. Genuinamente se incubó un modelo improductivo que con paso del tiempo se convierte en el atasco fundamental de la dinámica económica.
El NMP no ha podido implantarse, a pesar de la gigantesca inyección de recursos.
La extinción de 200.000 cooperativas, creadas entre 2005 y 2008 y las pérdidas financieras
de numerosas empresas del Estado, constituyen pruebas irrefutables.
En su defecto, se ha erigido un modelo económico populista, clientelar, que privilegia el consumo antes que la producción, gira en torno al programa social más visible y de mayor éxito que hasta entonces ha tenido: las misiones sociales, pero que incluye ingredientes improductivos.
El ex ministro Víctor Álvarez, colaborador de la gestión bolivariana, resume la tragedia del siguiente modo: “La lección fue clara: apostar a la desaparición de la economía capitalista sin haber creado antes la nueva
economía socialista es el atajo perfecto para quedar atrapados en un círculo vicioso de caída de la producción, escasez, acaparamiento, especulación, inflación, desempleo y creciente malestar social”.
