Han transcurrido dos días y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) no ha determinado las causas de la muerte de Rodolfo González, El aviador, de 64 años, recluido en uno de los calabozos del Helicoide, desde el pasado 26 de abril, por su presunta vinculación en un plan desestabilizador contra la gestión del presidente Nicolás Maduro.
El abogado penalista Rafael Narváez manifestó a EL IMPULSO que han habido muchas contradicciones y vacíos en este caso, por lo cual considera oportuno que el Ministerio Público investigue las verdaderas circunstancias en las que se produjo el fallecimiento de González, hecho que conmocionó al país y la opinión pública.
“Sólo sabemos que fue encontrado sin vida en su celda, pero es justo que se determine la hora del suceso, además el objeto que utilizó y la forma en la que supuestamente se suicidó”.
Llama la atención que todavía no haya un pronunciamiento oficial dijo el entrevistado, quien atribuye directamente la responsabilidad al Estado venezolano, porque es el único que tiene la facultad de preservar la vida, integridad física, dignidad y el respeto de los derechos de cualquier privado de libertad.
El artículo Nº 43 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece “el derecho a la vida es inviolable. Ninguna ley podrá establecer la pena de muerte, ni autoridad alguna aplicarla.
El Estado protegerá la vida de las personas que se encuentren privadas de su libertad, prestando el servicio militar o civil, o sometidas a su autoridad en cualquier otra forma”.
El especialista asegura que el piloto González fue víctima de un crimen de Estado, de violaciones y abusos psicológicos que influyeron en la fatal decisión.
Recintos carcelarios sin reglas
Prevenir los suicidios en las cárceles del territorio es uno de los objetivos del Ministerio de Asuntos Penitenciarios, sin embargo el control no ha sido tarea fácil señala Narváez.
En cada recinto penitenciario existe un reglamento interno en el que se prohíben los zapatos con cordones, cinturones, hebilla y otros objetos metálicos que pudieran representar un riesgo para la población penal.
Tras el inesperado evento el defensor de los derechos humanos dice que evidentemente las directrices son irrespetadas.
“Si existiera autoridad, tragedias como estas jamás ocurrirían” aseveró.
Le ganó la angustia
El traslado a una cárcel común, donde no existe ningún tipo de clasificación, fue el detonante de la angustia de Rodolfo González, expresa Rafael Narváez.
“Al conocer sobre el posible cambio muchas cosas pasarían por su mente, quizá atravesó un período depresivo y nadie se dio cuenta, ni los custodios, tampoco sus seres queridos. Las visitas estaban restringidas” apuntó.
Otro elemento que llevó al piloto Rodolfo González a atentar contra su vida fue el retardo procesal, debido a que aún esperaba la audiencia.
Deben rendir cuentas
“Así como lo detuvo y acusó el Estado debe rendir cuentas de lo ocurrido” sostuvo el abogado Joel Rodríguez Ramos.
Afirma que el capitán se encontraba en total estado de indefensión, debido a la negativa del tribunal de aceptar las pruebas en defensa del El aviador.
Declaro que Venezuela atraviesa momentos difíciles y mientras las instituciones sigan actuando a conveniencia del Gobierno, será inútilpara los ciudadanos acudir a dichos entes a denunciar atropellos.
Se mostró preocupado porque en Venezuela, se ha perdido el valor por la vida. Cree que la sociedad y el Gobieno tienen más interés en temas políticos.
Elenis Rodríguez: Gobierno es responsable
La junta directiva de la Fundación de Equidad Ciudadana (Fundeci),responsabilizó este sábado al Gobierno Nacional por la muerte del ciudadano Rodolfo González, quien se encontraba recluido en las instalaciones del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en el sector El Helicoide de Caracas.
En este sentido, la abogada y defensora de derechos humanos, Elenis Rodríguez, máxima representante de la referida fundación, explicó que el Estado Venezolano es el responsable de proteger la vida de las personas que se encuentran privadas de su libertad.
«Esta responsabilidad se encuentra establecida en el capítulo III, de los Derechos Civiles, articulo 43 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela», precisó.
Cabe destacar que el artículo constitucional establece que el derecho a la vida es inviolable.
«Ninguna ley podrá establecer la pena de muerte, ni autoridad alguna aplicarla. El Estado protegerá
la vida de las personas que se encuentren privadas de su libertad, prestando el servicio militar o civil, o sometidas a su autoridad en cualquier otra forma», puntualiza.
La exigencia de Rodríguez es que se investigue el hecho y se aplique la justicia a los responsables de esta muerte.
Fundeci, le reiteró al Gobierno Nacional, que asuma la responsabilidad que tiene de preservar la vida de las personas que se encuentran privadas de su libertad.
Ministerio Público investiga
El Ministerio Público comisionó a la fiscal 22° nacional, Raiza Sifontes, para que investigue las circunstancias de la muerte de Rodolfo Pedro González Martínez (64), quien se encontraba detenido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en El Helicoide, municipio Libertador.
En ese sentido, el fiscal recaba elementos necesarios para la investigación conjuntamente con expertos de la Unidad Criminalística contra la Vulneración de los Derechos Fundamentales del Ministerio Público en el AMC, para determinar las causas del deceso del sexagenario.
González era capitán de la Aviación Civil y fue detenido el 26 de abril tras un allanamiento a su vivienda en el municipio Baruta.
En su oportunidad, fue acusado por asociación para delinquir, tenencia de explosivos y tráfico de armas de fuego, razón por la que cual ordenado su enjuiciamiento.
