Un grupo de estudiantes, docentes y representantes de la UPEL-IPB se concentró este jueves a las afueras de la citada casa de estudios para exigir el reinicio de las actividades académicas y administrativas.
Las clases se encuentran suspendidas desde el 4 de marzo cuando se produjo una serie de irregularidades tras la activación de tres bombas lacrimógenas en el departamento de Dirección, hecho en el cual resultó afectado el director decano, profesor Nelson Silva.
Juan Carlos Virgüez, estudiante de Ciencias Sociales, expresó que “distintas organizaciones que hacen vida en el pedagógico han sido satanizadas y señaladas como promotoras de la toma institucional”.
Expuso que el decano llamó a paro, tras “el show mediático del 4 de marzo. Violando los artículos 102 y 103 de la Carta Magna y el derecho al trabajo del personal obrero y administrativo”.
Precisó que 17 mil estudiantes se encuentran afectados por la suspensión de las actividades.
“El portón tiene un candado que lo colocó uno de los empleados por orden del decano”.
En vista del escenario, los estudiantes introdujeron un recurso de amparo, por lo cual el juez rector Luis Fernando Martínez, del Tribunal 1º de Control de Iribarren, realizó una inspección judicial para evaluar si había o no actividades. También se presentó Arelis Rodríguez, representante de la Defensoría del Pueblo.
“Llevamos el caso a todas las instancias para la restitución de todas las actividades”, dijo Virgüez.
Declaró que ninguno de los estudiantes lanzó una lacrimógena a Dirección el 4 de marzo.
“Ese fue un show para justificar un paro universitario, desestabilizar y generar descontento en los estudiantes. Nosotros llamamos a clases”.
Acotó que el director podía abrir la puerta de Dirección, sin la necesidad de un cincel y martillo.
“Nosotros no somos tomistas. Hemos sido agredidos y perseguidos”.
Llamado a la paz
Por su parte, el profesor José Sánchez, le hizo un llamado a sus colegas, obreros y administrativos, con el objeto de que se reincorporen a sus actividades.
“Si los estudiantes protestan por sus derechos es porque tienen razón. La universidad presenta varias irregularidades: falla de los diferentes servicios. Esas peticiones generaron conflicto entre docentes y universitarios, probablemente porque no hay presupuesto”.
Añadió que no se puede criminalizar a los estudiantes. “Hago un llamado a la paz y a la concordia. Nos pueden sancionar si se comprueba que no hay clases”.
La profesora María Eugenia Mérida Franco, psicóloga en la institución, describió que la gerencia del pedagógico, padece un grave problema de salud mental.
“Aquí hay violación a los derechos humanos desde hace mucho tiempo. En la institución hay dos bebederos para 12 mil estudiantes. Hay una cloaca de 1m2 cerca del comedor. Esta abierta desde hace un año. En una oportunidad abrieron los tanques y tenían ratas. Aquí hay un problema de salud pública y de salud mental en la gerencia de la institución, una sicopatía”.
Añadió que la infraestructura está totalmente deteriorada, hay un cementerio de autobuses, laboratorios, canchas y comedor dañados.
“Los muchachos están aquí desde la madrugada porque al parecer el director iba a venir muy temprano a abrir la institución, para hacer creer que no había suspensión de actividades”.
Estudiantes denunciaron que por los cursos de profesionalización se estaría cobrando una matrícula muy alta, cuando se trata de una universidad pública.
Inspección
Tanto el juez rector como la representante de la Defensoría mediaron y conversaron con los estudiantes a fin de reestablecer el diálogo entre las partes.
Rodríguez invitó a la rectificación de los errores y a exponer las peticiones. “En este escenario complejo el consenso es fundamental. Realizaremos una revisión exhaustiva de todos los señalamientos”, dijo Arelis Rodríguez. Por su parte, el juez rector mencionó que el Tribunal emprenderá la acción que le corresponda, tras el lapso de cinco días hábiles establecidos para el director decano. “Verificamos que no se está garantizando el derecho al estudio”.
La orden era abrir las puertas
El jefe de personal, Juan Carlos Carrasco, mencionó que el miércoles 11, el director decano en consejo universitario, ordenó la apertura de la institución.
“A las 4:30 de hoy jueves (ayer), vigilancia llamó para decirnos que un grupo de personas se apostó en la puerta. Nosotros habíamos convocado al personal de servicio, para que a las 6:00 a.m., efectuara una limpieza inicial. El grupo le indicó a ese personal que sólo el director podía abrir el portón, junto al juez rector, por lo cual se les dijo que se retirarán y no limpiaran”.
Carrasco reiteró que la orden era abrir las puertas. “El concejal Jesús Superlano me encaró, un estudiante me dio una patada y otro amenazó con apuñalarme”. Indicó que aguardarán la decisión del juez rector e igualmente presentarán sus alegatos.
Destacó que el 4 de marzo, no intentó agredir a ningún estudiante con el cincel y el martillo.
“Uno de los muchachos irrespetó al decano y en medio de la situación me paré entre los dos para impedir que el decano fuese golpeado. Cargaba esas herramientas pero en los videos se aprecia que tenía las manos hacia abajo. No iba a apuñalar a nadie”.
