La Asamblea Nacional otorgó poderes especiales al presidente Nicolás Maduro para legislar en diferentes áreas y garantizar la defensa del país, lo que generó inquietud entre opositores y analistas sobre un posible incremento de los controles del Estado y que la crisis diplomática con Estados Unidos se lleve a una militarización.
En medio de las crecientes tensiones entre Caracas y Washington, la mayoría oficialista aprobó cerca de la medianoche del martes en primera discusión la llamada «ley habilitante antiimperialista para la paz», que deberá ser sometida a un segundo debate el 15 de marzo para su aprobación final.
La legislación especial, la segunda que recibe Maduro en casi dos años de gobierno, tendrá una duración de seis meses y se centrará en la protección contra la injerencia de otros Estados, acciones bélicas y cualquier otra actividad que pretenda violentar la paz y el funcionamiento de las instituciones, indicaron congresistas opositores a The Associated Press.
El mandatario acudió la víspera a la Asamblea Nacional para pedir poderes especiales para enfrentar lo que consideró «la amenaza del gobierno de los Estados Unidos» y preparar al país en el ámbito económico, financiero y comercial para «cualquier variante de bloqueo».
La solicitud de Maduro se dio un día después de que Estados Unidos congeló los bienes de siete funcionarios venezolanos en territorio estadounidense y declaró al país sudamericano una amenaza extraordinaria para la seguridad nacional.
A fines del mes pasado el mandatario venezolano había ordenado reducir el personal de la embajada de Estados Unidos en Caracas y exigir visa de turistas a los estadounidenses que visiten el país.
Algunos opositores rechazaron las acciones del mandatario alegando que lo que busca es crear una cortina de humo para desviar la atención de la severa crisis económica y cohesionar a sus seguidores de cara a las elecciones parlamentarias de este año en las que el oficialismo no figura como favorito debido a la pérdida de popularidad que ha sufrido Maduro en los últimos meses.
Rocío San Miguel, directora de la organización no gubernamental local Control Ciudadano -que se dedica a temas de seguridad- dijo a AP que no se requiere de una ley habilitante para garantizar la seguridad del país debido a que hay varias normativas vigentes sobre esa materia.
La activista manifestó preocupación porque se esté «militarizando el conflicto con Estados Unidos», que hasta ahora se ha centrado en acciones de tipo diplomático y administrativo.
«Esta nueva ley llamada antiimperialista no es otra cosa que la intención de Nicolás Maduro de volver a tener todo el poder en sus manos y eso es un grave riesgo para los venezolanos comunes», afirmó el secretario general nacional del partido opositor Primero Justicia, el diputado Tomás Guanipa, en una entrevista con el canal privado Venevisión.
