Alertar sobre “la deriva antidemocrática del gobierno de Nicolás Maduro” y solicitar de la Relatoría para la Libertad de Expresión de la OEA y de la ONU, “un seguimiento estricto de la violencia que se ejerce contra la libertad de expresión y prensa en Venezuela”, acordó la Sociedad Interamericana de Prensa durante su Reunión de Medio Año que culminó ayer en la ciudad de Panamá.
En la resolución y conclusiones leídas como parte del Informe de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, se establece que en el país “se ha instalado una hegemonía comunicacional del Estado con propósitos totalitarios (…)”
También, advierte del “control de las líneas editoriales de medios tradicionalmente independientes que han cambiado de propiedad sin conocer la identidad de sus dueños” y del “control del papel prensa por parte del Gobierno y su suministro condicionado a los periódicos independientes”, lo cual representa “un grave atentado a los principios de libertad de expresión”.
Refiere “la ausencia de separación e independencia de los poderes, sobre todo el uso de la justicia y su control para criminalizar las opiniones políticas de disidentes o de quienes, desde el periodismo independiente, critican con dureza a los titulares de los órganos del Estado”.
La SIP es solidaria con la preocupación expresada por el doctor Asdrúbal Aguiar, vicepresidente regional para Venezuela del organismo y director por el diario EL IMPULSO, quien leyó el Informe Venezuela al inicio de las deliberaciones, en el sentido de estar a las puertas de una “tragedia humanitaria” por la grave crisis económica y social. Sin embargo, “antes que propiciar medidas de corrección y a fin de desviar la atención, se acusa a los medios de comunicación de ser golpistas”.
La SIP se suma a las voces que reclaman por la detención del alcalde Antonio Ledezma, “sin mediar investigación previa ni decisión judicial razonada (…) por haber suscrito una opinión política, hecha pública a través de la prensa escrita”.
De igual modo, señala a Diosdado Cabello, presidente de la AN, de ejercer “la comunicación social en un canal del Estado sin apego a la ética del periodismo, usando evidentes fuentes de inteligencia oficial a su orden sin contrastarla, amparándose en los privilegios constitucionales que le otorga su condición de parlamentario”.
Ante los hechos, la SIP acordó en resolución, “alertar sobre la deriva antidemocrática del gobierno de Nicolás Maduro y solicitar de la Relatoría para la Libertad de Expresión de la OEA y de la ONU un seguimiento cotidiano y estricto de la violencia que se ejerce contra la libertad de expresión y de prensa en Venezuela, columna vertebral de la democracia”. Condena “la criminalización y judicialización de la opinión libre y el periodismo independiente por parte del Estado venezolano y la ausencia de separación de poderes en Venezuela”.
País sin libertades
Claudio Paolillo (diario Búsqueda de Uruguay), presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, en declaraciones al diario EL IMPULSO, luego de hacer públicas las resoluciones de la Reunión de Medio Año, sostuvo que los medios que han resistido a las presiones del gobierno venezolano “son unos héroes y luego, al finalizar la dictadura, serán los de mayor credibilidad. Ha sido una desgracia la venta del diario El Universal, uno de los medios escritos más importantes que tenía el país.
En Venezuela, después de Cuba, existe una de las peores situaciones en materia de garantías para la libertad de expresión. El mundo entero ya no se engaña: hay un régimen restrictivo del derecho humano a expresarse con libertad”.
-El Informe Venezuela de este semestre refleja en igual medida la violencia política contra los opositores y el estado de las libertades en materia de prensa…
-En las dictaduras hay presos políticos, no existe libertad de expresión ni separación de poderes y no se respetan los derechos humanos. En Venezuela ocurre eso pero también elecciones cada vez más cuestionadas, en particular cuando se emplean todos los recursos del Estado para apoyar al candidato del Gobierno, lo cual siembra dudas en la sociedad.
La democracia, advirtió, no sólo significa votar. “Es votar pero también elegir en forma limpia al candidato que la sociedad quiere, respetar la separación de poderes, garantizar la libertad de expresión y no atacar los derechos humanos. En un sistema democrático no hay cierre de canales y mucho menos los presidentes mandan a detener a las personas. Esa orden la debe dar un juez independiente”.
-¿Cómo explica las solidaridades automáticas de los presidentes de la región?
-Hay dos tipos de solidaridad. Las de quienes están de acuerdo y luego son consistentes con lo que hacen en sus países. Es el caso de los Castro, de Evo Morales, Cristina Fernández, Daniel Ortega y Rafael Correa.
“Las solidaridades que sí me sorprenden y molestan como latinoamericano, son las que por vía del silencio ejercen gobernantes conscientes de la falta de democracia y garantías para los ciudadanos venezolanos. Lo reconocen pero olvidan que sus propios países aprobaron una Carta Interamericana vigente y ahora violada por Maduro y antes por Chávez”.
Lo peor, dijo, es que se pronuncian en apoyo a la institucionalidad venezolana. “Hitler tenía una institucionalidad; Pinochet también. Las dictaduras tienen una institucionalidad dictatorial. Las gestiones de estos presidentes quedarán marcadas por la vergüenza de haber mirado a un lado a favor del régimen venezolano”.
Hay 400 periodistas venezolanos exiliados en 34 países
Durante la lectura de las conclusiones generales de la Reunión de Medio Año de la SIP, destacó una cifra: la de 400 periodistas venezolanos, repartidos en 34 países del mundo, en calidad de refugiados por la situación política nacional.
En el último semestre, dos periodistas, uno de México y otro de Argentina, tuvieron que ir al exilio por el temor a su integridad física.
En general, la SIP observa la tendencia generalizada a aprobar medidas regulatorias que limitan la libertad de expresión .
Incrementa el cierre de cuentas en Twitter, acoso a los blogueros y de sitios en internet. En Venezuela fueron procesados ocho tuiteros y en Ecuador les cerraron sus cuentas a cinco usuarios.
En paralelo, se intensifica el acoso tributario y la imposición de fuertes multas a medios de comunicación por sus denuncias de corrupción administrativa. Además, denuncia la SIP, existe “ el afán de controlar el espectro de las comunicaciones, adquiriendo medios a través de testaferros o copando los espacios”.
