El reconocido jurista y vicepresidente regional para Venezuela del organismo, denunció que a la hegemonía comunicacional oficial se suma la persecución política y la condena a quien se enfrente al poder
Como cada semestre, la lectura del informe Venezuela en la Asamblea de la SIP genera expectativa.
En esta oportunidad no fue la excepción. Ante los editores del hemisferio, reunidos en el Hotel Hilton de la ciudad de Panamá, el doctor Asdrúbal Aguiar, vicepresidente regional para Venezuela del organismo y directivo de la SIP por el diario EL IMPULSO, ofreció ayer detallado resumen de los últimos acontecimientos que marcan las libertades en el país.
Dos realidades se observan en el documento. Por un lado, la denuncia de la violencia contra los sectores de la oposición y, en igual medida, el intento de silenciar a toda forma de expresión disidente.
“Hay una suerte de criminalización y judicialización no solo de los aspectos informativos de la libertad de expresión. También se intenta penalizar a toda persona que exprese a una opinión distinta al gobierno o disienta”.
Sostiene que el Gobierno, siguiendo el patrón cubano, “a pesar del desprecio de La Habana hacia Nicolás Maduro porque nunca le comunicó su decisión de acercarse a Estados Unidos, intenta cerrar todo espacio de disidencia creyendo que con esta actuación puede desfigurar la realidad interna”.
Venezuela a las puertas de una crisis humanitaria
Asdrúbal Aguiar comenzó por destacar que el informe de Venezuela se presenta “en una hora de asfixia casi total de la libertad de expresión y prensa en Venezuela. La hegemonía comunicacional de Estado es un hecho consumado. La tarea periodística –eje fundamental de la vida democrática– se torna en empresa de alto riesgo.
El acceso a la información en manos del Estado es una quimera. La información se considera secreto de Estado y se reduce a lo que declaran a su arbitrio, sin interpelación, verificación o contrastación, los distintos funcionarios. La censura previa, sea por obra de la legislación de control de contenidos, sea por la adquisición de medios de comunicación social hasta ayer independientes y cuya propiedad se oculta tras pactos de confidencialidad, toma cuerpo y doblega las líneas editoriales. Es criminalizada y judicializada toda forma de expresión e información disidente. La propaganda oficial ideológica y proselitista hace presa de la opinión, copa los horarios estelares de la programación radial y de televisión y recrea, a través de sus repetidas cadenas oficiales o presidenciales, un efectivo black out informativo”.
En el contexto nacional, el reconocido jurista y catedrático, no puede dejar de lado circunstancias de tipo económico que lleva a declarar, convencido, ver al país a las puertas de una crisis humanitaria.
En cifras, “la inflación de 2014 que llega a 65% hoy se proyecta al 100%, situándose como la más alta del mundo”. Además, “la caída del ingreso nacional se estima, conservadoramente, en 35.500 millones de dólares durante 2015”. Agrega la falta de divisas, una devaluación en 3.823% y un “desabastecimiento crónico a nivel nacional y la escasez de bienes e insumos de toda clase, junto a una contracción de la economía y la pérdida de empleos”.
Aguiar explica que esta realidad también afecta el “sostenimiento de la prensa escrita, radial y televisiva, y sus fuentes de trabajo”.
“Cierra el año 2014, por si fuese poco, con 24.890 homicidios, en una tasa de 82 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, la segunda más alta del mundo”.
Represión y censura
El vicepresidente regional de la SIP concedió especial importancia al encarcelamiento del alcalde Antonio Ledezma, luego de la publicación del Acuerdo Nacional para la Transición Democrática, el cual “denuncia al régimen por antidemocrático e invita al país a transitar hacia una etapa distinta, con correcciones de fondo en lo social, en lo económico y en lo institucional”.
Ante el auditorio de la SIP recordó que Maduro, mientras se producía la detención, “encadenó la radio y televisión para impedir el flujo de noticias”.
A esto se suma el intento de encarcelar al diputado Julio Borges a quien pretenden despojar de su investidura parlamentaria así como ya lo hizo el Gobierno con la diputada María Corina Machado.
Ante este escenario, “el secretario de la Unasur, Ernesto Samper, con cinismo inenarrable saluda la fortaleza democrática del gobierno de Maduro y la separación de poderes que aprecia en Venezuela”.
Caso por caso
Al detenerse en violaciones puntuales a la libertad de expresión en el país durante el 2014, explicó que suman 350. “Cuarenta y dos de ellas corresponden a los meses de octubre a diciembre pasados. En sus proporciones, el 31,26% se trata de amenazas e intimidaciones y el 25% de actos de censura. Y en cuanto a las víctimas, no se trata sólo de los periodistas sino de toda persona disidente, sea defensor de derechos humanos por la información que maneja, sean escritores o columnistas, sean activistas políticos que informan, declaran u opinan”.
En el contexto de la persecución política, cierra el año 2014, ”con 64 presos políticos, entre estos 20 estudiantes imputados por participar en protestas públicas y 33 alcaldes sometidos a juicio de los 77 que tiene la oposición democrática”.
“Se inaugura el 2015 con otros 40 detenidos que si acaso son puestos en libertad en su mayoría, se les priva de la misma por reportear una manifestación o transitar cerca de ella; mas debe reseñarse que dos de las últimas víctimas, según ONG’s respetables, fueron torturadas con electricidad en sus cautiverios”.
Modalidades de censura
Destaca dos modalidades de censura de la información durante el periodo estudiado. “Una la relativa a la citada prohibición de acceso a la información oficial. Otra, la impuesta por autoridades estatales o directivos de medios en apariencia independientes y de reciente compra por accionistas sin identidad conocida.”
Advirtió que el Cencoex, órgano estatal responsable del otorgamiento de divisas, se ha negado a suministrar información a los medios sobre el acceso y disponibilidad. Además, en Táchira, caracterizado por las fuertes protestas, a los jóvenes se les ha sometido a aislamiento informativo.
“La Comisión Nacional de Telecomunicaciones, en diciembre le prohíbe a la Asociación Civil SenosAyuda, que se ocupa de prevenir el cáncer de mama, realizar su campaña de televisión dando cuenta de las cifras de muertes por dicha causa”.
Advirtió sobre las presiones de los nuevos dueños de medios contra periodistas y práctica frecuente de censura de informaciones que molesten al régimen, así como agresiones y amenazas durante las coberturas.
“Varios periodistas y reporteros gráficos han sido objeto de agresiones generalizadas y sistemáticas desde el mes de enero, por parte de la fuerza pública militar y policial e incluso popular, por intentar dejar registro de los anaqueles vacíos en mercados y farmacias o de la presencia multitudinaria de personas a las puertas de ellos”.
Hizo especial referencia a los casos de Edickson Durán y Abraham Palencia, del diario EL IMPULSO y La Prensa, junto a Tomás Gaona de Promar Televisión, quienes “luego de cubrir el 24 de noviembre pasado un motín carcelario en el Centro Penitenciario de Uribana, estado Lara, fueron objeto de incautación de sus equipos bajo amenaza de desaparición y muerte por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, si llegaban a denunciarlos”.
La falta de papel condena al cierre
Noticias graves para los medios impresos resaltó el doctor Asdrúbal Aguiar. El diario El Guayanés “dejó de circular el pasado 14 de diciembre, al agotársele sus reservas de papel prensa sin poder reponerlas. Su publicación digital también cesó el 1° de enero pasado al no contar con los insumos para la actividad”.
Cierre de emisoras y el cese de la edición diaria de Tal Cual, desde el 27 de febrero, para convertirse en semanario debido a problemas de papel y presiones, forman parte del escenario oscuro de los impresos en el país.
Suma, “las agresiones y amenazas del Presidente de la República, quien acusa a Televen, en noviembre, de irrespetar a las mujeres y promover antivalores y ahora le llama canal golpista, sin aportar pruebas sobre tan grave acusación.
También señala al periodista Alberto Federico Ravell, de ser “una basura, un cobarde”, por criticarlo.
A las redes sociales también se les pasa factura. “Han sido objeto de detención y procesamiento judicial penal, por pedido de Cabello y por expresar opiniones ingratas y fuertes o difundir fotos del asesinato del diputado oficialista Robert Serra, siete tuiteros”.
Reproducir las revelaciones del diario ABC de España sobre los presuntos lazos del presidente de la AN con el narcotráfico, llevó a Diosdado Cabello a anunciar acciones legales contra el propio ABC y los diarios venezolanos El Nacional y Tal Cual, y el portal La Patilla, por repetirla.
La figura del patriota cooperante
El doctor Asdrúbal Aguiar puso especial énfasis en la figura de los llamados patriotas cooperantes, suerte de espías del Gobierno, cuyos testimonios, sin contrastar información ni hechos, son utilizados en contra de cualquier opositor.
“Tan grave es la cuestión que el Comité contra la Tortura de la ONU, en aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, al adoptar sus conclusiones y recomendaciones finales sobre Venezuela, durante su sesión 53ª, el 28 de noviembre de 2014, expresó su profunda preocupación por las informaciones que dan cuenta de las descalificaciones públicas… por parte del presidente de la Asamblea Nacional, citando informaciones de “patriotas cooperantes”.
Aguiar cerró su exposición con la proyección de un video con los últimos hechos de violencia contra periodistas en el país. Apenas culminar, se escuchó la ovación del público pero también de inmediato la observación de un periodista español quien, ante el auditorio, solicitó enviar ese documental a los medios de su país como alerta ante lo que pudiera ocurrir si Podemos, formación política financiada por el chavismo, llegara al poder en las próximas elecciones.
