La coalición intergremial de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA), integrada por docentes, empleados administrativos y obreros, se concentró en las inmediaciones del rectorado de la academia en exigencia de un incremento salarial y el cumplimiento de beneficios socioeconómicos.
Hernán Sánchez, presidente del Sindicato de Obreros de la UCLA (Soucla), denunció que los salarios de los trabajadores no corresponden con la realidad económica del país.
Exige un ajuste salarial del 80 % a partir de dos salarios mínimos en función de responder a sus necesidades básicas de vida.
También, reclamó irregularidades en el pago del Bono de Alimentación, beneficio que están recibiendo con una tasa de 63,50 bolívares, la cual no corresponde al último ajuste anunciado por el Ejecutivo Nacional con el aumento a 95,25 bolívares.
“Entregaremos un oficio a las autoridades académicas, quienes en su labor de patrono, deben interceder ante el ministerio a fin responder a nuestras solicitudes en un lapso no mayor a 10 días hábiles. De cumplirse el lapso, nos trasladaremos a la Inspectoría del Trabajo, a fin de abrir un pliego con carácter conciliatorio como medida de presión”, expuso.
Por otra parte, denunció que cerca del 70 % de las cláusulas económicas y sociales de la Convención Colectiva única del sector universitario han sido incumplidas.
Profesores aspiran a un incremento salarial del 200 %
Deborah Velásquez, presidenta de la Asociación de Profesores de la UCLA (Apucla), explicó que las aspiraciones del sector se fundamentan en las propuestas de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios (Fapuv).
“Nuestro sector exige un aumento del 200 % por cuanto la inflación se ha tragado nuestros salarios y además no contamos con un incremento salarial para este año, explicó”.
“Nosotros no tenemos la culpa que el Gobierno no haya administrado los recursos en las épocas de bonanza, así que deben cumplir sus responsabilidades con los sectores públicos del Estado”, prosiguió Velásquez.
La profesora también coincidió con Sánchez en el incumplimiento de las cláusulas de la Convención Colectiva. En el caso de los docentes, el Ministerio de Educación Universitaria Ciencia y Tecnología no ha respondido a los servicios de HCM, trámites funerarios, turismo y recreación, vivienda, vehículo; entre otros.
Alegó, que el organismo del Poder Ejecutivo no puede iniciar el debate de un nuevo contrato laboral hasta que cumpla las solicitudes de las cláusulas de la I Convención Colectiva.
