La libertad de manifestar pacíficamente es reconocida como un derecho fundamental del ciudadano en el ordenamiento jurídico de Venezuela. Es por ello que la Asociación Civil Justicia Solidaridad y Paz (Funpaz) se ha dedicado desde su fundación a rechazar la criminalización por parte del Estado de este ejercicio ciudadano.
El Artículo 68 de la Constitución Nacional Bolivariana establece lo siguiente: “Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establezca la Ley. Se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas. La Ley regulará la actuación de los cuerpos policiales y de seguridad en el control del orden público”.
La constante violación de este derecho constitucional dio pie a la consolidación de Funpaz en Lara en el año 2013 y debido a los hechos registrados en el 2014, sus integrantes decidieron elaborar un informe titulado “2014 el año de la represión como política de Estado en Venezuela”, que contiene un valioso registro de la represión a las manifestaciones registradas durante la década pasada y presente, y su consecuente recrudecimiento en los últimos dos años.
En el documento, destacan que el derecho a manifestar “se vincula estrechamente con la libertad de expresión y los derechos de reunión, asociación y participación y otros previstos en la Carta Democrática Interamericana que obliga a la protección de los derechos humanos como condición fundamental para la existencia de una sociedad democrática”.
“Impedir arbitrariamente su ejercicio puede constituir, entre otros, un delito de impedimento de ejercicio de derechos políticos, previsto en el artículo 166 del Código Penal, que sanciona con penas privativas de libertad, agravadas en el caso de funcionarios públicos, a: ‘cualquiera que, por medio de violencias, amenazas o tumultos, impida o paralice, total o parcialmente, el ejercicio de cualquiera de los derechos políticos…’, lo cual puede ocurrir a través de actos de violencia, intimidación, acoso, coacción y mediante la presencia irregular de grupos con la finalidad de impedir la libre expresión individual y social”.
Reclamo de derechos y servicios
En el informe, enviado a este rotativo por Norbelis Suarez y Andrés Colmenárez, presidente y vicepresidenta de Funpaz, explican que en los últimos seis años aumentaron sistemáticamente las protestas públicas de calle en todo el país. “Trabajadores, vecinos y usuarios de servicios públicos salen a manifestar a las calles su malestar por el vencimiento o el incumplimiento de contratos colectivos, por la inseguridad pública, la deficiencia de los servicios básicos”.
Ante esa tendencia el Estado venezolano comenzó a implementar medidas legales, judiciales, militares y administrativas “destinadas a limitar, coartar o impedir tales protestas”, y por ello más de 3.000 personas deben presentarse periódicamente ante los tribunales del país, debido a medidas dictadas por la Fiscalía. Asimismo, “se aprobaron nuevas leyes para reprimir el ejercicio del derecho constitucional a la manifestación y expresión pública, como la Ley contra la Delincuencia Organizada y el Terrorismo o el Decreto de creación del CESSPA”.
Represión y criminalización
Funpaz reitera que en año 2014 la actuación del Estado Venezolano para restituir el orden público se caracterizó por “el uso desproporcional de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad, en especial por parte de los funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB)”.
Denuncian y documentan los casos en los que se emplearon armas de fuego, bombas lacrimógenas y maltrato a las personas que resultaron detenidas. A todo esto se suma la práctica de imputar “genéricamente los delitos de intimidación pública, instigación pública a la violencia, resistencia a la autoridad o asociación para delinquir”, a los detenidos, pese a que la mayoría se declaran inocentes.
“Comprendemos el deber del Estado de actuar ante hechos de violencia, sin embargo, recordamos que existen normas internacionales y nacionales que establecen cómo se debe proceder sin generar violaciones a los derechos humanos”.
De allí que la asociación civil solicita al Ejecutivo Nacional que cumpla con las recomendaciones facilitadas por el Comité Contra la Tortura (CAT) de la Organización de Naciones Unidas, en el mes de noviembre de 2014, en la ciudad de Ginebra- Suiza, elaboradas según los diferentes informes presentados por diversas ONG’s venezolanas, incluida Funpaz.
