La presidenta Cristina Fernández quedó de nuevo bajo la lupa de la justicia luego de que un fiscal insistió en la necesidad de que la justicia investigue si orquestó un plan para encubrir a los iraníes sospechosos de un atentado terrorista en 1994.
El fiscal Gerardo Pollicita apeló el miércoles un fallo del juez federal Daniel Rafecas que días atrás afirmó que la denuncia que el fiscal Alberto Nisman hizo el 14 de enero contra la mandataria carecía de indicios o pruebas.
En su apelación, Pollicita volvió a avalar la denuncia de Nisman, tal como lo había hecho días atrás, y señaló que la decisión del magistrado fue «prematura».
Según el fiscal, la resolución del juez «contiene afirmaciones categóricas claramente opuestas a las posiciones igual de extremas defendidas por el Dr. Nisman en su denuncia», por lo que consideró «prudente y razonable» abrir la investigación que propone la Fiscalía para posteriormente tomar una decisión sobre el fondo del asunto.
Agregó que «una hipótesis criminal de inusitada gravedad y trascendencia institucional, como la presentada» por Nisman «demanda la realización de todos los esfuerzos posibles para intentar alcanzar la verdad real de lo sucedido».
Nisman fue encontrado muerto en su departamento cuatro días después de presentar la denuncia más grave que haya recibido Fernández. El canciller Héctor Timerman y seis personas más también fueron acusados de participar en el plan para encubrir a los ocho iraníes supuestamente responsables del atentado al centro judío, que causó 85 muertos.
La negativa del magistrado a considerar viable la denuncia de Nisman había dado oxígeno a la presidenta en lo que se considera uno los momentos más complicados de su gestión de siete años, cuando es investigada además por supuesto lavado de dinero, sin que hasta ahora haya cargos en su contra.
El fiscal ante la Cámara Federal de Apelaciones de Buenos Aires deberá analizar próximamente la apelación de Pollicita y si le da vía libre, ese tribunal será el que tenga la última palabra.
Pollicita cuestionó que el juez hubiera echado por tierra la fuerte sospecha del fallecido fiscal de que el gobierno acordó un plan con el estado iraní para proteger a los acusados del atentado y que el colofón del mismo fue un memorando de entendimiento firmado en enero de 2013 entre los dos gobiernos con la alegada argumentación de avanzar en la investigación del ataque, el cual no entró en vigor entre otras razones porque fue declarado inconstitucional por un tribunal argentino.
«Cómo puede un instrumento jurídico que nunca cobró vida constituir… una ayuda material concreta prestada a prófugos de la justicia argentina?», se preguntó Rafecas en ese entonces.
Pero Pollicita argumentó que el código penal establece «que es punible la conducta del ‘que con el fin de cometer un delito determinado comienza su ejecución, pero no lo consuma por circunstancias ajenas a su voluntad’.
Para el fiscal, «resulta claro que lo central en el asunto no es el hecho de que el acuerdo no entró en vigencia» sino «qué tipo de finalidad guio la creación» de una Comisión de la Verdad contemplada en dicho memorándum, la cual debía ser integrada por un grupo de juristas internacionales que podían asesorar sobre la investigación del atentado.
Según Nisman, esa Comisión era un mero órgano de fachada ya que ambos países tenían previsto que la misma garantizara la impunidad de cinco de los ochos iraníes acusados, sobre quienes pesaban alertas rojas de Interpol o prioridades de búsqueda.
El gobierno sostiene que el fallecido investigador buscó un «efecto político desestabilizador» con sus imputaciones.
La misteriosa muerte del fiscal dañó la imagen del gobierno ante la opinión pública y recrudeció el enfrentamiento entre Fernández y sectores judiciales que, según la presidenta, muestran actitudes golpistas.
La mandataria sostiene que un ex jefe de espías suministró datos falsos a Nisman para fundamentar su denuncia contra ella y ha insinuado que ese ex agente estaría detrás de la muerte del investigador.
