Madre, esposa o trabajadora, en cualquier rol que se ubique, la mujer venezolana tiene un importante desempeño en el sustento familiar que se ha visto trastocado en los últimos meses debido a la crisis que arropa distintas áreas del país.
Las colas, la escasez y el desabastecimiento de alimentos, artículos de limpieza, de higiene y medicamentos, entre otros rubros, aunadas al incremento exorbitante de los precios y la devaluación de los salarios, ha afectado de forma directa la calidad de vida de las mujeres, en especial a aquellas de escasos recursos que a diario sufren en una cola hasta conseguir los insumos necesarios mantener su hogar.
La crisis también afecta el ejercicio de derechos consagrados en la Constitución Nacional Bolivariana, tales como la sexualidad responsable, debido a la escasez de anticonceptivos y preservativos, y la maternidad, por la dificultad para conseguir pañales y leche, entre otros elementos cuyos costos se han elevado considerablemente.
La realidad afecta el manejo de la reproducción sexual, según lo establecido en el artículo 76 de la carta magna y por ende incide directamente en la maternidad, explica la psicólogo social Hisveth Fernández.
“Las mujeres venezolanas, que siempre han tenido dificultades en este tema ahora se encuentran limitadas o condicionadas a utilizar los métodos anticonceptivos que encuentren, lo cual se convierte en un elemento que conspira contra la planificación de los embarazos”.
A su juicio la escasez de preservativos es delicada porque incrementa el riesgo de transmisión de enfermedad y además entorpece las grandes campañas emprendidas por distintas organizaciones, públicas y privadas, que se esfuerzan por estimular la prevención en parejas jóvenes, mediante el uso de condones.
“Para las mujeres que ya son madres o se encuentran embarazadas, la situación es más dramática que antes debido a las penurias que deben pasar para conseguir pañales, leche y medicinas”.
Pero según Fernández, lo más delicado está representado por el elemento intangible que implica la toma de decisiones.
“Se pierde la oportunidad de decidir de forma consciente cuándo y con cuál pareja se desea planificar la maternidad, y una vez que la concepción ocurre, las mujeres se ven sometidas a grandes sufrimientos”.
Un embarazo siempre será una bendición, pero en Venezuela “la maternidad de las mujeres de los sectores populares nunca ha estado muy bendecida y esa realidad se está recrudeciendo con el pasar de los meses, al punto de volverse calamitosa.
La situación es diferente para las mujeres con mayores recursos, porque se observa que pueden obtener los insumos que necesitan mediante el pago a un revendedor, a un costo más elevado que también incidirá en su calidad de vida, porque le impedirá realizar otras actividades, como ir al cine, comer helados, o incluso comprar otros rubros que no son esenciales”.
Lo que viven las ciudadanas de este país, sean madres o no, en las colas (en muchos casos acompañadas de sus hijos, de todas las edades) de los supermercados, abastos o mercados populares, se constituye en una situación que resta energía, felicidad y un tiempo valioso que debería ser utilizado en el seno del hogar.
Fernández duda que esta situación sea soportada por mucho tiempo. Por eso, su llamado especial a las madres afectadas para que busquen la forma de hacer valer su derecho a una vida tranquila.
“Deben tener claro que la maternidad es un derecho y una función social importante, porque implica traer ciudadanos al mundo y criarlos para que forjen las sociedades del futuro, es un papel sagrado que debería ser reivindicado y protegido por el Estado, en especial en este país que dice impulsar los principios del socialismo y donde la realidad es que las mujeres pobres están sufriendo”.
La maternidad, un derecho
La Constitución Nacional Bolivariana de Venezuela establece en el capítulo número V (cinco) De los Derechos Sociales, Artículo 76, lo siguiente: “La maternidad y la paternidad son protegidas integralmente, sea cual fuere el estado civil de la madre o del padre.
Las parejas tienen derecho a decidir libre y responsablemente el número de hijos o hijas que deseen concebir y a disponer de la información y de los medios que les aseguren el ejercicio de este derecho.
El Estado garantizará asistencia y protección integral a la maternidad, en general a partir del momento de la concepción, durante el embarazo, el parto y el puerperio, y asegurará servicios de planificación familiar integral basados en valores éticos y científicos.
El padre y la madre tienen el deber compartido e irrenunciable de criar, formar, educar, mantener y asistir a sus hijos e hijas, y éstos o éstas tienen el deber de asistirlos cuando aquel o aquella no puedan hacerlo por sí mismos o por sí mismas.
La ley establecerá las medidas necesarias y adecuadas para garantizar la efectividad de la obligación alimentaria”.
