Simpatizantes del gobierno venezolano salieron a marchar el sábado por las calles de la capital para conmemorar las violentas protestas callejeras de 1989 conocidas como «El Caracazo», en una manifestación en la que el presidente Nicolás Maduro reveló la desarticulación de un supuesto golpe de Estado en su contra.
Portando afiches del fallecido presidente Hugo Chávez y banderas nacionales, los seguidores del oficialismo marchaban al ritmo de música festiva rumbo al palacio de gobierno en el centro de Caracas, donde se concentrarán más tarde, a la espera de que Maduro pronuncie un discurso para recordar la fecha que el oficialismo cataloga como una «rebelión popular» contra un paquete de medidas que se impuso al comienzo del segundo mandato el fallecido ex presidente Carlos Andrés Pérez (1989-1993).
El recorrido de siete kilómetros se inició la Plaza Brión del este de Caracas, lugar donde con antelación opositores se disponían a recolectar firmas en apoyo al polémico Plan Nacional de Transición que el gobierno ha considerado un llamado para derrocarlo. Los opositores se vieron forzados a cambiar la ubicación para evitar cualquier choque «por el abuso del régimen de tomar los espacios de la plaza Brión de Chacaíto a pesar de que ya habíamos notificado nuestra actividad», dijo en un comunicado el movimiento político opositor Vente Venezuela.
Liliana Ortega, directora de la organización humanitaria Comité de Familiares y Víctimas de 1989 (Cofavic, creada para que se esclarezcan los asesinatos ocurridos a raíz de los disturbios), ha rechazado las celebraciones oficialistas y denunció que después de 26 años «no se ha producido condena en ninguno de los casos».
Dijo que ni el gobierno del ahora fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013) y ahora el de Maduro, su heredero político, han honrado la promesa de Chávez de identificar y entregar a sus parientes los restos de 65 presuntas víctimas de la represión que fueron encontrados en fosas comunes en un cementerio de Caracas.
La Fiscalía General, empero, indicó en la víspera que el gobierno venezolano ha indemnizado a los familiares de 596 víctimas, y tiene previstas audiencias preliminares de las causas contra ex funcionarios implicados entre 18 de marzo y el 9 de abril próximo.
Un puñado de policías fueron encarcelados brevemente por sus acciones durante los disturbios, pero ninguna autoridad, militar o policía ha sido declarado culpable por la matanza.
Al menos 300 personas murieron en aquel estallido. Las autoridades de entonces aplastaron las protestas callejeras desatadas por una serie de alzas en los precios de la gasolina y las tarifas del transporte público. Las protestas se extendieron incluso hasta marzo en los barrios pobres de Caracas.
Las autoridades sostienen que ellos meramente restablecieron el orden en medio de una situación caótica y peligrosa, pero los activistas dicen que la policía y el ejército dispararon indiscriminadamente en las barriadas pobres de Caracas y que muchas de las víctimas murieron dentro de sus casas, después que los disturbios habían terminado.
Mientras, en el municipio capitalino de Chacao, un pequeño grupo de personas atendieron la convocatoria de varias organizaciones partidistas que llamaron la atención sobre la represión del gobierno contra sus adversarios políticos, entre ellos alcalde opositor metropolitano, Antonio Ledezma, detenido la semana pasada por orden de un tribunal local por estar presuntamente vinculado en «hechos conspirativos para organizar y ejecutar actos violentos contra el gobierno».
