El Tribunal con competencia en lo Contencioso Administrativo falló a favor del amparo solicitado por la coalición sindical de docentes regionales en exigencia al cumplimiento de sus derechos laborales y reivindicaciones salariales. Esperan que la Gobernación de Lara responda la decisión legal a fin de cancelar deudas y compromisos que tiene con el sector profesional.
En horas de la mañana de este miércoles tomaron la carrera 19 a la altura de la sede administrativa del ejecutivo regional, donde obstaculizaron el paso vehicular y celebraron una asamblea informativa.
La cancelación de un salario base por encima de la cifra oficial salario mínimo, el reconocimiento de las primas laborales contempladas como derecho adquirido por contratación, la discusión de una nueva convención colectiva y el pago de las deudas concernientes a la homologación salarial son parte de las exigencias del sector.
“El Tribunal favoreció en nuestra exigencia del pago de la homologación salarial de acuerdo a las operaciones y cálculos previstas en las cláusulas económicas de la VI Convención Colectiva. También la Inspectoría del Trabajo estuvo de acuerdo con nuestra posición durante las jornadas de reuniones enmarcadas en el pliego con carácter conflictivo que introducimos ante esta institución”, declaró Orlando Herrera, presidente de Sumalara y representante de la coalición sindical.
“Exhortamos al gobernador a que se ponga a derecho, y cumpla la decisión del Tribunal. Él tiene los recursos financieros para cumplir con nuestras exigencias. No estamos peleando por aspectos políticos, queremos que cumpla con el magisterio larense”, prosiguió.
Cálculos errados
Según información aportada por los docentes, actualmente perciben una remuneración de 1.680 bolívares y una prima única de igualación salarial con sus similares nacionales; sin embargo, piden que su salario base esté superior al salario mínimo, con la prima de igualación y la devolución de primas de antigüedad, hijos y profesionalización.
Sin respuesta oficial
El equipo reporteril le consultó sobre la decisión del Tribunal al licenciado Artemio Márquez, director general de Educación, quien manifestó que no podía rendir declaraciones hasta tanto conociera los estatutos del oficio legal.
Continuará lucha por Ipasme
Por otro lado, Orlando Alzuru, presidente de la Federación Venezolana de Maestros, señaló que a nivel nacional protagonizarán acciones de protestas por la situación de crisis del Instituto de Previsión y Asistencia Social al trabajador del ministerio de Educación (Ipasme).
Informó que a nivel nacional, 12 de las 63 unidades médico – odontológica del país están paralizadas, mientras que las restantes sufren problemas por la escasez de insumos y equipos médicos.
