Este jueves 26 de febrero un grupo de abogados y representantes de ONG introdujo ante el Tribunal Supremo de Justicia una demanda de inconstitucionalidad contra la resolución 8610 que autoriza el uso de armas de fuego, por parte de funcionarios, en las protestas.
El grupo de abogados representantes pertenecientes a la Mesa de la Unidad Democrática, organizaciones no gubernamentales y al Colegio de Abogados del Distrito Capital consideran que dicho decreto debe ser anulado por el Máximo Tribunal del país.
Están solicitando una respuesta inmediata a la solicitud de derogación introducida el pasado 3 de febrero por considerar que es inconstitucional y que excede límites y libertades.
Este grupo de juristas estaban acompañados de personas de la sociedad civil y estudiantes, quienes se encuentran protestando además por la muerte del niño de 14 años, Kluiverth Roa, quien fue presuntamente asesinado por un Policía Bolivariano cuando quedó atrapado en una protesta.
