La mayoría de los parientes de los internos de las diferentes cárceles del país son de bajos recursos económicos; sin embargo, buscan la manera de sacar dinero para cancelar los honorarios profesionales de los abogados defensores, lo que se convierte en otro problema.
Cristina Martínez es una mujer de 35 años, tiene a su esposo privado de libertad desde hace cuatro meses, dice que lo detuvieron en un presunto robo y rápidamente lo enviaron al Centro Penitenciario David Viloria, antigua Uribana.
“Él no tiene nada que ver, solo que iba pasando en ese momento, las víctimas se confundieron y lo señalaron a él. Desde ese momento buscamos un abogado privado que nos cobró más de 100 mil bolívares y no hizo nada”.
La mujer está decepcionada. “No sólo perdí dinero sino tiempo. Ahora buscamos a una abogada, ella dice que el anterior actuó mal porque hizo que mi marido se fuera a juicio en la audiencia preliminar y está con el número 1.600 en los expedientes, es decir, le abrirán el juicio como en el año 2018. ¡Qué esperanza! hay mucho retardo procesal”; aseveró.
En su rostro se notaba la incertidumbre y desesperación. Mientras fumaba un cigarrillo, comentó que ayer buscaba que a su esposo lo atendieran en el Plan Cayapa Judicial, “a ver si la verdad sale a relucir y le den libertad para que comparta nuevamente con su familia, porque sus dos hijas quieren verlo”.
