A tres meses de la muerte de 50 reclusos del Internado Judicial David Viloria, producto de una extraña intoxicación colectiva, se desconocen quiénes son los responsables.
El director del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVV), Humberto Prado, condenó la impunidad que rodea este caso por el que responsabilizó directamente al Estado venezolano.
«Los familiares hablan de que a su hijos los envenenaron; las autoridades aseguran que unos drogadictos saltaron una pared y se apoderaron de unas medicinas, pero todos sabemos que en las cárceles no hay medicinas. El hecho es que hasta la presente fecha, con 50 muertos, de entre los 250 reclusos que resultaron intoxicados, no tenemos un responsable», manifestó el defensor de derechos humanos.
Durante la presentación del Informe Anual sobre la situación carcelaria de 2014, Prado recordó que los hechos ocurridos el 26 de noviembre fueron el desenlace de una protesta provocada por los maltratos y torturas que aplicaban las autoridades de Uribana a los privados de libertad, por orden de su director.
Condenó que a pesar de la magnitud del suceso, que a su juicio viola derechos fundamentales, le hayan otorgado el beneficio de casa por cárcel al ex director de la prisión larense, Julio César Pérez.
«¡Imagínese usted! Murieron 50 personas y le dan una medida como para que esté preso en su casa», expresó.
Así mismo, Prado resaltó la responsabilidad de la Ministra de Asuntos Penitenciarios en los hechos de Uribana. Aseguró que a raíz de las denuncias sobre las vejaciones que provocaron que la población reclusa se alzara, «las autoridades abandonaron el penal, y guardaron silencio cuando los llamaron».
«Pero sí se presentaron cuando salieron los muertos, a comprar los ataúdes», agregó.
Balance
Los intoxicados (según versión oficial) de la cárcel larense representan el 16% de los 309 internos que murieron el año pasado mientras estaban bajo la custodia y responsabilidad del Estado venezolano. Además, 179 resultaron heridos en distintos hechos suscitados en los 36 establecimientos judiciales del país.
Vale destacar, esta cifra representa una importante disminución en relación con los balances de los últimos dos años, cuando se registraron 506 fallecidos en 2013 y 591 en 2012.
La situación de violencia ocurre mientras 9 cárceles venezolanas son objeto de medidas cautelares de protección, emitidas por la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No obstante, desde que se dictó la primera medida, en 2006, hasta la fecha, 1.061 reos fueron asesinados.
Hacinamiento
Por otro lado, el hacinamiento y la no distinción entre procesados y penados siguen siendo problemas persistentes según el OVV.
El informe señaló que cuando la población reclusa nacional se ubica en 51 mil internos, la capacidad instalada es para 19 mil. Esto significa que hay un hacinamiento de 171%, lo que la ong atribuye a causas como el retardo procesal, la falta de construcción de nuevos penales y «el uso excesivo de la prisión como sanción casi exclusiva».
Igualmente, el 63% de la población reclusa tiene el estatus de procesada (31.861), frente a un 36% de penados (18.316). Ambos grupos coexisten sin distinción.
«Una persona que no ha sido condenada no puede ser tratada como otra con sentencia definitivamente firme, porque viola su derecho a la presunción de inocencia», objetó Humberto Prado.
