El Colegio de Abogados de Caracas a través de un comunicado público, manifestó su repudio ante “las prácticas discriminatorias y abusivas del régimen” ante la detención “arbitraria” del alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma.
“Un grupo comando del Sebin, sin respetar la condición de persona ni la investidura de primera autoridad civil de la capital de la República, electa por el pueblo violando así la soberanía popular, se llevó al alcalde en forma violenta, sin informarle el motivo de su detención, sin presentar la debida orden de detención, ocultando por varias horas al detenido y sin permitirle la asistencia jurídica de su abogado, en clara transgresión de las garantías constitucionales del debido proceso y el derecho a la defensa y de los tratados internacionales que protegen los derechos humanos suscritos por la República”, sentencian.
Aseguran que esta “gravísima violación de derechos humanos, como es costumbre del régimen”, pretendió ocultarse a la opinión pública mediante una cadena nacional de radio y televisión en la cual el jefe del Ejecutivo Nacional sentenció la culpabilidad del alcalde en un supuesto plan de golpe de Estado en su contra.
“Este Colegio observa con gran preocupación que estas prácticas antijurídicas son cada vez más frecuentes contra los disidentes del régimen, a quienes se les imputan diversos delitos por ejercer su derecho a disentir.
La última novedad ha sido, criminalizar las protestas contra el régimen como el delito de asociación para delinquir, cuando esta figura fue creada para castigar los delitos que implican fines económicos”, puntualizan.
Los juristas asimismo condenan que se deje en estado de total indefensión a los imputados por el régimen, al negárseles las garantías esenciales de un juicio justo, puesto que a pesar de que estas violaciones “gravísimas de los derechos humanos son públicas y notorias, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y los jueces de control, lejos de declarar la ilicitud e ilegalidad de tales prácticas, abrir las correspondientes averiguaciones penales a sus perpetradores y ordenar la inmediata liberación de los detenidos, convalidan la criminalización de la disidencia con sus acciones u omisiones, lo cual evidencia la inexistencia de separación de poderes, de Estado de Derecho y el uso de una justicia selectiva, personalizada y discriminatoria por razones políticas”.
El Colegio de Abogados de Caracas condena además la utilización de la justicia como un instrumento para la discriminación, la represión, la criminalización de la disidencia y la imposición de una ideología totalitaria.
Aprovecharon la oportunidad para exigir a la fiscalía y a los jueces “que desconocen la constitución y las leyes garantes de los derechos humanos que cesen estas prácticas horrendas”.
También convocan a toda la ciudadanía a asumir el restablecimiento del Estado de Derecho y en especial a los abogados de todo el territorio nacional.
Finalmente recordaron al gobierno nacional que las violaciones graves de los derechos fundamentales no prescriben y acarrean responsabilidad civil, penal y administrativa.
“Más temprano que tarde, aquí mismo en Venezuela o en las instancias internacionales competentes, cesará la impunidad que hoy campea fueros en nuestra amada Patria”, concluyen.
