El Gobierno nacional, antes de emitir, sin consultar a nadie, la providencia O38 que regula los precios de la carne de res y de pollo, debió informarse bien sobre las normas que rigen la comercialización de esos productos.
Como se informó, la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, mejor conocida como de precios justos, emitió una providencia que regula el kilo de lomito, pollo de res, pulpa negra, ganso, muchacho redondo y cuadrado y otros cortes, a 200 bolívares el kilo, y el de pollo entero a 65.
Fernando Rodríguez, comerciante cárnico del municipio Jiménez, se mostró sorprendido por esa disposición oficial, pues ellos no fueron tomados en cuenta.
Previamente, Carlos Albornoz, presidente de Fedenaga, declaró que esos precios no cubren los costos ni permiten el incremento de la producción de carne en el país.
Además, dijo que ellos tenían prevista para el jueves pasado una reunión con el ministro de Agricultura y Tierras, pero no se realizó y la misma noche salió la providencia 038.
Este domingo, la carne de res y pollo seguía vendiéndose en los establecimientos de la región, pero a precios superiores a los de la regulación, concretamente a 380 la primera y 150 la segunda, aunque en algunos negocios eran mayores.
Algunas amas de casa, amparadas en las informaciones periodísticas suministradas por la Superintendencia de Precios Justos, acudían a los establecimientos y se mostraban sorprendidas por encontrar los mismos altos costos en lo que buscaban.
Fernando Rodríguez explicó que ellos adquieren la carne de res en canal a 200 y 220 bolívares el kilo, por lo que resulta imposible para ellos venderlo a 200, ya que deben restarle la grasa y huesos a cada pedido y nadie trabaja para perder.
Ante los argumentos oficiales según los cuales el Gobierno nacional provee a los expendios carne procedente de los países del ALBA, Rodríguez denunció que sólo las grandes cadenas de carnicerías y supermercados se benefician con ese producto, no así los pequeños o medianos comerciantes.
También señaló haber sido visitado por supuestos funcionarios de Mercal que le ofrecieron carne de res, gallina y pollos del ALBA a bajos precios, pero siempre y cuando aceptara en las facturas cantidades mayores a las que pagaba.
Se presume que esta semana se lleve a cabo una reunión de los comerciantes del ramo cárnico para fijar una posición pública sobre las nuevas disposiciones y hacerle ver a los representantes regionales de la superintendencia la imposibilidad de acatar la nueva regulación si antes no se procede contra los proveedores que son quienes imponen los precios y nunca son objeto de ningún control oficial.
