Expropiación, adquisición forzosa, nacionalización, rescate de tierras, son algunos de los términos empleados por el Ejecutivo Nacional desde mediados de la década pasada en los procesos iniciados para estatizar tierras o empresas de origen privado.
La práctica, iniciada por el expresidente Hugo Chávez Frías, se mantiene vigente pese a las consecuencias negativas comprobadas en el sector económico.
“Una de las primeras empresas expropiadas en Venezuela fue la Papelera Venepal y lo primero que escaseó en el país fue el papel”, recuerda Maximiliano Pérez, reconocido productor de café en la región quien, al igual que muchos afectados, considera que estas medidas son el origen de la distorsión económica que se registra en la nación.
Las principales consecuencias de las expropiaciones, tomas o nacionalizaciones iniciadas hace nueve años se evidencian en el desabastecimientos de rubros en distintos sectores. Tras la expropiación de la empresa Cemex de Venezuela, adquirir cemento se volvió un dolor de cabeza tanto para el ciudadano de a pie como para las grandes constructoras. Lo mismo aplica en áreas vinculadas a la producción nacional de verduras y hortalizas, así como en los ámbitos relacionados con la prestación de servicios básicos a la colectividad: electricidad y telefonía.
“Cuando se destruye el aparato productivo de un país resulta difícil reactivarlo y recuperarlo, debido a la desconfianza latente en todos los sectores productivos, desde la producción primaria- agropecuaria, la producción agroindustrial, el sector comercio, el sector de distribución de bienes y servicios de alimentos”, detalla Pérez.
Con la reforma de la Ley de Costos y Precios Justos, aprobada en 2014 por vía de la Ley Habilitante, el sector productivo nacional se encuentra severamente afectado, recuerda el productor. “En el país, el primer sector afectado fue el agropecuario, ante el impulso de esa fantasía que indica que la tierra es de todos y de quien la trabaja, pero la realidad es que muchas de esas fincas que eran trabajadas por familias durante generaciones, fueron invadidas y expropiadas de forma inmisericorde, con locual causaron daños colaterales a los afectados y que nunca salieron a la luz pública”.
El desarrollo de un país es proporcional a la seguridad jurídica de sus habitantes y el respeto a las leyes, pero en Venezuela existen preceptos jurídicos que según Pérez atentan contra la propia Constitución Nacional Bolivariana y los tratados internacionales, lo cual ha dado pie a la continuidad de estas medidas consideradas arbitrarias.
“Las consecuencias de todo esto las vivimos a diario, cada vez hay más escasez y desabastecimiento, y eso se debe a que el 98 % de los rubros que consumimos son importados dada la caída de la producción nacional. En el año 1998 las estadísticas arrojaban que en el país se producía alrededor de 70 % de los alimentos que se consumían, pero esa cifra se invirtió y según los datos actuales sólo producimos un 2 %”.
“Los países vecinos como Ecuador, Brasil, Colombia, Perú y Bolivia, son un ejemplo a seguir porque su inflación es baja y la economía se ha recuperado”.
El doctor Rafael Marcial Garmendia, expresidente de Fedecámaras y expresidente de la Federación Nacional de Ganaderos, apunta sobre el tema que el Ejecutivo nacional ha implementado distintos modus operandi para ejecutar estos procesos, en cuya mayoría se ha irrespetado el debido proceso.
“Toda expropiación debe cumplir pasos legales que han sido descartados, salvo contadas excepciones”.
Asegura que existe un alto porcentaje de casos en los que no se ha cancelado la indemnización correspondiente a los afectados, de forma justa y oportuna. “Se cuentan con una mano los que han cobrado”. Además, estos procesos se han llevado a cabo de la mano de los cuerpos castrenses, como ocurrió en el Valle Turbio, con las intervenciones armadas denunciadas y registradas durante el año 2009.
“Los productores, agricultores y ganaderos, han sido desalojados por la vía de las armas. El sector industrial no ha escapado a las medidas y tampoco los establecimientos comerciales”.
Garmendia coincide al señalar que existe una estrecha vinculación entre estas intervenciones oficiales y el desabastecimiento y, por supuesto, “con el encarecimiento del costo de la vida”.
“Se debe recordar que el producto más caro para el consumidor es aquel que no se consigue. Un producto sube de precio de forma acelerada debido a la inflación, pero también por el índice de escasez”.
Los productos agrícolas perecederos, son un ejemplo. “Las hortalizas se ven afectadas por las condiciones climáticas, cuando aumentan las precipitaciones, y baja la producción del tomate, la lechuga y la cebolla, de allí el incremento de los precios de forma acelerada y ocurre lo contrario cuando se incrementa la oferta”.
La oferta y la demanda son leyes del mercado que surgen de forma espontánea, “pero este Gobierno se niega a aprenderla. Lo ideal es que se estimule la producción nacional para incrementar la oferta de distintos rubros, con alta productividad y calidad”.
Según el especialista, el control de precio y el administrativo de los gobiernos en cualquier parte del mundo representan un fracaso, debido a la desconocimiento del funcionamiento del mercado.
“Estas medidas causan el efecto contrario porque estimulan la corrupción y la distorsión económica, una realidad que se está cosechando en el país y que afecta directamente a los consumidores”.
Garmendia añade al daño causado al bajo porcentaje de productores que aun se encuentra en las zonas rurales y las consecuencias del estímulo del éxodo campesino hacia las ciudades.
“Además se ha contribuido al incremento del desempleo, cuyos afectados han migrado a la economía informal de forma abrumadora. Sin contar que ahora el sector alimentación depende en gran medida de las importaciones debido al espíritu reforzado de ser una nación monoproductora de petróleo”.
“Nacionalizaciones estratégicas”
-Tras ganar por amplia mayoría las elecciones presidenciales de diciembre de 2006, Chávez anunció que iba a nacionalizar empresas de «sectores estratégicos» como el petrolero, el eléctrico, el telefónico y el alimentario.
-El plan de nacionalización de áreas «estratégicas» inició en enero de 2007 con la expropiación de la sucursal en Venezuela de la empresa estadounidense Owens Illinois, líder mundial en la fabricación de envases de vidrio. Pero en 2005 ya había sido nacionalizada la empresa Venepal.
-En febrero de 2009, Chávez obtuvo una nueva victoria en el referendo sobre la reelección indefinida y reavivó el proceso estatizador con la toma, en mayo de ese año, de 76 empresas de servicios petroleros en el estado Zulia.
-En 2007: Se firma la compra de la compañía eléctrica Seneca y del 82,14 % de Electricidad de Caracas, ambas controladas por capital estadounidense. Petróleos de Venezuela SA (Pdvsa) toma simbólicamente el control de los campos petrolíferos de la Faja del Orinoco, con reservas estimadas en 316.000 millones de barriles, tras acordar la creación de empresas mixtas con mayoría estatal. Fue nacionalizada la Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de Venezuela (Cantv).
-En 2008: Nacionalización de una cadena frigorífica y la empresa Lácteos Los Andes para garantizar la «soberanía alimentaria», además de toda la industria cementera y siderúgica del país. Se aprueba una ley que nacionaliza el transporte interno de combustible y se anuncia la nacionalización en 2009 de la mina de oro Las Cristinas.
-En 2009: El Gobierno ordena la intervención y control militar de empresas arroceras a las que acusa de los desabastecimientos. La principal afectada es Alimentos Polar. Intervención de 1.500 hectáreas de tierras de la multinacional papelera irlandesa Smurfit Kappa, «para sembrar caraotas (frijoles), maíz, sorgo, yuca, ñame».
-Toma militar de los puertos de Maracaibo y Puerto Cabello, ante la resistencia de las autoridades regionales a transferir su gestión al poder central. Se formaliza la compra del Banco de Venezuela, filial en el país del Grupo Santander. Se inicia el cruel proceso de expropiación de tierras en el Valle del Turbio, en Lara.
-En 2010: La Asamblea Nacional declara de «utilidad pública e interés social» la cadena de hipermercados Éxito, perteneciente al grupo francés Casino. Expropiación de la empresa de alimentos Sociedad Mercantil Molinos Nacionales (Monaca), participada mayoritariamente por el grupo mexicano Gruma.
-«Adquisición forzosa» de las empresas Envases Internacional y Alentuy, fabricantes de envases de aluminio y cartón para alimentos.
-Nacionalización de la empresa Agroisleña, con capital español y la principal distribuidora de productos para el campo, con 82 puntos de venta y ocho silos en todo el país, entre muchos otros ejemplos registrados en lo últimos cuatro años.
