Lilian Tintori, esposa del líder opositor Leopoldo López, junto a Rosa Orozco, madre de Geraldine Moreno, y Jonny Montoya, hermano de Juancho Montoya, ambos asesinados por efectivos del Estado venezolano a raíz de los hechos desencadenados el 12 de febrero de 2014; presentaron ante el Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, sus testimonios que evidencian la grave situación de violación de derechos humanos que impulsa en Venezuela el régimen de Nicolás Maduro.
Insulza recibió a los familiares de las víctimas de la represión y persecución estatal venezolana en la sede de la OEA en Washington. Orozco, Montoya y Tintori explicaron a viva voz cómo funcionarios de la policía política venezolana (Sebin) y de la Guardia Nacional Bolivariana asesinaron a mansalva a Geraldine Moreno en Carabobo y a Juancho Montoya en Caracas, casos que al día de hoy permanecen impunes a pesar de que los responsables fueron identificados gracias a evidencias fotográficas y audiovisuales.
Tintori detalló cómo durante casi 1 año Leopoldo López ha permanecido arbitrariamente encarcelado, como lo certificó la Comisión de Derechos Humanos de la ONU al pedir su liberación inmediata, y enfrenta un injusto juicio politizado basado solo en el análisis de su discurso como líder político.
“Durante más de once meses de proceso solo ha quedado demostrado que Leopoldo López es un preso de conciencia y que es inocente de todos los delitos que se le imputan. Leopoldo solo quiere y lucha constitucional y democráticamente por una Mejor Venezuela, pensar distinto no es un delito y por ello diversos organismos y personalidades de renombre mundial han exigido su liberación”, afirmó la esposa de López ante el alto funcionario de la OEA.
La misión conformada por Orozco, Montoya y Tintori viajó a Washington en representación de todas las víctimas de la represión del régimen de Maduro, desencadenada desde febrero de 2014. Expresaron su preocupación por el grave deterioro de la situación de los Derechos Humanos en Venezuela, el retraso procesal en todas las causas y denunciaron la existencia de un centro estatal de tortura física y psicológica en la sede del SEBIN de Plaza Venezuela, en Caracas, conocida como “La Tumba”, por encontrarse a más de 100 metros bajo tierra, sin entrada de luz natural.
El grupo de activistas de derechos humanos denunció además la promulgación de la resolución 8610 que autoriza a los militares el uso de fuerza letal para reprimir las protestas. En este sentido, Tintori y los familiares de las víctimas pidieron al Secretario General de la OEA que los gobiernos de la región se mantengan atentos a la situación de Venezuela y que personalmente interceda con espíritu de hermandad para evitar mayores pérdidas humanas y el restablecimiento de la paz y la convivencia.
Insulza manifestó su preocupación por la situación de los derechos humanos en el país suramericano y reiteró la necesidad de liberar inmediatamente a Leopoldo López y demás presos políticos, así como la obligación que tiene el gobierno de Venezuela de garantizar justicia en todas las causas.
