La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, informó que en las próximas horas el Ministerio Público apelará la decisión del Tribunal 20° de Juicio del área metropolitana de Caracas, instancia que la madrugada de este martes 10 de febrero, condenó a 14 años de prisión y seis meses a Walid Makled por tráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas y legitimación de capitales.
En el balance ofrecido a los medios de comunicación social respecto a los sucesos violentos a partir del 12 de febrero del año pasado, Ortega Díaz indicó que instruyó a la directora general Contra la Delincuencia Organizada, Yurima Gil, para que ejerza todas las acciones correspondientes, a fin de evitar que se materialicen los alcances de la sentencia.
“Nosotros vamos a apelar esa decisión, toda la decisión”, enfatizó la Fiscal General.
Cabe destacar que el referido tribunal de juicio absolvió al mayor de los Makled por los delitos de ocultamiento de arma de fuego, asociación para delinquir y sicariato, por los cuales también lo había acusado el Ministerio Público en su oportunidad.
Por este mismo caso, su hermano Abdalá fue condenado a 6 años y 6 meses por el delito de ocultamiento de arma de fuego.
Mientras que sus otros dos hermanos, Basel y Alex, fueron condenados a 8 años de prisión por el delito de legitimación de capitales.
Por otro lado, al ser consultada acerca de la Resolución 8610 del Ministerio del Poder Popular para la Defensa, la Fiscal General precisó que no es necesario utilizar armas de fuego para controlar situaciones de orden público ni manifestaciones, tal y como lo establece dicho documento en sus artículos 5.5 y 15.9.
En tal sentido, Ortega Díaz recordó que el artículo 332 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela señala que la obligación de mantener el orden público corresponde a la Policía Nacional Bolivariana (PNB)
“Pueden existir situaciones que excedan la capacidad de la PNB, en este caso, que sea de tal magnitud que ponga en riesgo el orden interno, interviene la Guardia Nacional Bolivariana que es un componente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y sin embargo, en estas situaciones, no se permiten el uso de armas de fuego”, reiteró la máxima representante del Ministerio Público.
Indicó que se realizó un estudio pormenorizado de la Resolución 8610, razón por la cual en las próximas horas harán llegar un conjunto de observaciones al órgano que suscribió este documento.
Destacó como positivo que se establezcan normas y regulaciones para el control de las manifestaciones; no obstante, advirtió que con relación a este tema debe existir absoluta claridad. “No puede haber dudas porque para el momento de la implementación de esas normas, si no existe claridad, la actuación no será uniforme ni adecuada”, dijo.
Adicionalmente, consideró positivo el que se implementen normas, pues ello permite ejercer una contraloría social y saber cuál es el alcance de las actuaciones de los funcionarios que se encargan de controlar las manifestaciones públicas
Otro de los puntos que resaltó de la Resolución fue la mención que hace de la coordinación que debe existir en esta materia entre el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo; así como también hace referencia a los derechos de las personas detenidas y delimita la responsabilidad de los efectivos militares que intervienen en las manifestaciones.
