Organizaciones de derechos humanos denunciaron al Estado venezolano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por desacatar todas las sentencias emitidas por ese tribunal a favor de la familia Barrios.
Tampoco cumplió las medidas de protección acordadas para detener e investigar las ejecuciones extrajudiciales de las que han sido víctimas diez miembros de esa familia, presuntamente a manos de funcionarios de la Policía del Estado Aragua.
«El 14 de noviembre de 2011, la Corte IDH condenó a Venezuela por la muerte y falta de protección de siete miembros de la familia Barrios, así como por la ausencia de investigaciones afectivas sobre estos hechos. A su vez, ese organismo emitió ocho resoluciones entre noviembre de 2004 y febrero de 2013 exigiendo la protección de la familia Barrios, convirtiéndose en el caso con el mayor número de solicitudes hechas por el Tribunal a un Estado para garantizar la protección y seguridad de los miembros de una misma familia», explica un comunicado emitido por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional y Cofavic, autores de la acción.
«Aun así -agregan las ong´s-, ocho de las ejecuciones ocurrieron dentro del marco de las medidas de protección otorgadas por el Sistema Interamericano y tres luego de ser emitida la sentencia de la Corte. Hasta la fecha, siete investigaciones criminales por estos hechos permanecen en total parálisis procesal, sin que se hayan realizado diligencias judiciales o identificado a los presuntos responsables», afirmaron los activistas.
«El caso de la familia Barrios es uno de 16 casos con sentencias condenatorias emitidas entre 1995 y el 2012 que deben ser acatadas por el Estado venezolano a pesar de que la denuncia de la Convención Americana entró en vigor para Venezuela el 10 de septiembre de 2013», concluyó el comunicado.
