El contenido de la Ley de Precios Justos es político y no económico, además transgrede derechos y garantías constitucionales, elevando así el nivel de la penalidad y distorsionando la potestad punitiva del Estado. No representa garantías de los bienes y servicios, sino que se traduce en una amenaza para el disfrute de esto, puesto que con dicha disposición el Estado quebró 80 mil empresas en 2014.
Esto fue parte del contenido disertado la mañana de ayer durante el foro de Ley de Precios Justos, organizado por la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA) y el Movimiento Vinotinto, en respuesta al desconocimiento del sector empresarial y la inseguridad jurídica en Venezuela.
Así lo comentó el abogado Manuel Virgüez, miembro del movimiento, quien además refirió que las acciones punitivas, según la ley, no son sólo en contra de las empresas, sino también del ciudadano común y trabajador, que al manifestar su descontento podría ser acusado de “boicot”, por entorpecimiento del libre desenvolvimiento de la actividad económica.
Variación de delitos
Para el abogado penal Pedro Troconis, el Estado venezolano impone un modelo de control de precios que históricamente ha generado escasez. Citó como ejemplos tendencias clásicas del socialismo como Corea.
“Se cree que se favorece al pueblo con una distribución igualitaria de las riquezas, pero realmente se afecta a la empresa y aparecen las colas”, comentó. Agregó que ese excesivo control se inmiscuyen en la producción de la empresa para acusarlas de delitos como acaparamiento, especulación, boicot, reventa y extracción de materiales; con altísimas penas, cada uno.
Apuntó que si bien el Estado tiene potestad en el control de precios, no debe participar en la producción del producto.
Reconquistar adeptos perdidos
Cecilia Sosa, exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia, comentó que el contenido de la Ley de Precios Justos legitima la arbitrariedad con que se toman las decisiones contra el empresario.
Comenta que no se trata de “patadas de ahogado del presidente”, sino de reconquista a la población que se ha retirado del PSUV.
Asimismo, expresó que para el gobierno el empresario es el causante de todos los males y que con la medida tomada contra Farmatodo, mide el nivel de respuesta del sector empresarial para generar un segundo Dakazo.
Añadió que el Estado crea focos de distracción a fin de cambiar la mentalidad del venezolano y así dividir la sociedad, actualmente unida en un mismo pensamiento: empresa privada y gobierno deben trabajar en conjunto.
Sin embargo, apuntó que ideológicamente no aceptan la inversión privada como parte del sistema económico.
No reflejan sentir de la mayoría
Para Antonio Luis Castillo, profesor de la UCLA, el objeto de esta ley es eliminar la facultad del sector privado para fijar el costo de lo que produce, pensando filosóficamente en beneficiar al pueblo.
Sin embargo, bajo dichas condiciones, sumado a la inseguridad jurídica en Venezuela, los inversionistas extranjeros no querrán trabajar en el país.
Acotó que si bien es cierto que existen personas que cometen abusos, el gobierno no puede caer en la generalidad y limitar al sector.
Castillo advirtió que al formular las leyes se debe pensar en el bienestar de la mayoría, pero en Venezuela esa mayoría no acepta ese control que “mata” la iniciativa privada.
Gana el sector privado
El politólogo Piero Trepiccione, comentó que según estudios realizados, una mayoría calificada de la población venezolana cuestiona el modelo económico, exceso de controles y discrecionalidad en la toma de decisiones. Por tanto, destacó que la Ley de Precios Justos es percibida con carácter negativo y como generadora de incertidumbre.
En este sentido, añadió que el Estado ha perdido el control de la opinión pública y más del 80% de la población apuesta al diálogo, para la soluciones de los problemas cotidianos. Asimismo refirió que medidas como las tomadas contra Farmatodo y Empresas Polar, afectan la imagen del Estado y benefician a la empresa privada, ya que la sociedad percibe que cada vez hay más restricciones en su funcionamiento.
Disposición de uso de armas de fuego en manifestaciones
La exmagistrada Cecilia Sosa, también se pronunció en contra de la resolución que dispone el uso de armas de fuego para el control de manifestaciones.
Refirió que esta habilitación de la Fuerza Armada es contradictoria a la Constitución de Venezuela, ya que existe una significativa diferencia entre el orden público interno y seguridad pública, esta última en manos de la Policía Nacional, estadales y municipales.
Destacó que en los supuestos de que la Guardia Nacional “colabore” en el control del orden público, debe hacerlo desarmada. No obstante, se aprecian en los establecimientos comerciales con su armamento.
“Al gobierno no le importa la constitución porque tiene como objeto hacer que la población se amedrente y sienta que su derecho a manifestar es causa de cárcel”.
En su opinión esto sucede porque el Estado ha asumido una posición de depositario de los derechos colectivos. “Se ha alterado el sistema de gobierno, político-democrático, en el cual el Estado debe proteger los derechos del ciudadano”.
Subrayó que las limitaciones no pueden ser sustitutos de la custodia de esos derechos.
