Escribíamos, no hace demasiado tiempo, sobre la catástrofe que ha significado para la economía venezolana la “revolución”, y establecíamos una suerte de analogía: Así como existe una creciente legislación en materia de Derechos Humanos e interés sobre crímenes de lesa humanidad, debería crearse también un similar conjunto de normas, instancias judiciales y vigilancia para sancionar acciones sistemáticas por parte de ciertos gobiernos realizadas para socavar y destruir el tejido económico y productivo de una sociedad, denominándolos “delitos de lesa economía”. (EL IMPULSO, 7-3-2013)
La analogía más allá de su ilusoria o real factibilidad, esconde una preocupación por el saldo que ha dejado el chavismo en términos del cierre de empresas, expropiaciones, ocupaciones ilegales, invasiones alentadas y permitidas de edificaciones y terrenos, persecución o cárcel, con el drama de las historias de familias, proyectos y tradiciones de trabajo y emprendimiento que se han visto truncadas por la estatización y regulación en aumento de todos los aspectos de la vida social en Venezuela.
Ha empleado el gobierno (o la coalición de grupos que hoy pugnan por el poder en su seno) a la FANB coactivamente para llevar a cabo esta labor de cerco y asfixia al sector privado nacional y a la sociedad civil, junto a la noción de “precio justo”, categoría que surge de la satanización de la actividad empresarial, la pretendida lucha contra conductas antiéticas y censurables como el acaparamiento y la especulación, y la errada premisa de que el Estado es eficiente y productivo cuando es empresario. La madeja de controles y regulaciones de precios, han alentado la creación de mafias que discurren entre una red de complejas relaciones de actores de todo tipo, públicos, privados, militares, civiles, que celebran y se aprovechan del fracaso dela actual gestión en materia económica. ¿Será acaso también “justa” la corrupción atroz que, impune, atraviesa al gobierno?
Lo que no entiende Nicolás Maduro (y no lo hará jamás) es que la economía tiene sus leyes, sus relaciones y lógica, y que actuar desde el Estado en contra de ellas, es costoso para cualquier país. Nadie produce a pérdida. La escasez distorsiona los precios. La inflación no se reduce por decreto o buenos deseos sino alentando la producción. La desconfianza creada por años de políticas erradas y fracasadas no se desvanece por deseos, promesas perennes y abundante propaganda sino con reglas de juego claras.
La citación a declarar a directivos de Farmatodo en el Sebin, y las amenazas a esta y otras empresas, culpándolas de las colas, revelan no solo una ignorancia infinita en quienes hoy nos gobiernan, sino en un talante cada vez más totalitario, militarista y fuera de la Constitución.
Aunque lo nieguen, con herbácea y seca retórica “socialista”, ya no queda duda de una condición clara y abierta. Es esta una revolución anti-empresarial.
@alexeiguerra
