Los profesionales que conforman el Movimiento Vinotinto consideran que la Ley de Costos y Precios Justos, aprobada en 2014, afecta directamente a los consumidores al generar la escasez y el desabastecimiento que prevalece en el país.
La norma jurídica forma parte de un paquete de leyes aprobado vía Habilitante, es decir directamente por el presidente Nicolás Maduro, el año pasado. De allí que el movimiento plantea la necesidad de analizar y difundir su contenido ante la colectividad, para lo cual organizaron un Foro Centroccidental que tendrá lugar el viernes 6 de febrero, en el auditorio Ambrosio Oropeza de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado, entre las 8:00 de la mañana y las 12:00 del mediodía.
En rueda de prensa, realizada en la sede del Colegio de Abogados, el director del Movimiento Vinotinto, Manuel Virguez, destacó la participación en el foro de la doctora Cecilia Sosa Gómez, exmagistrada del TSJ, el doctor Antonio Luis Castillo, el doctor Pedro Troconis y el doctor Piero Trepiccione.
“La convocatoria es abierta pero va dirigida al sector afectado por la aplicación de un instrumento jurídico que ha generado polémica y es en gran parte responsable de la coyuntura que se vive en Venezuela. La ley ha generado polémica en los últimos meses y ha sido objeto de análisis, revisión e interpretación por parte de los sectores económicos directamente afectados por los controles, pero más allá de eso, creemos que es responsable del desabastecimiento, la escasez y las colas”.
El 2014 es recordado por los hechos violentos que se registraron en el país, pero según Virgüez en esos 12 meses se registraron hechos silenciosos y graves que inciden directamente en la violación de los derechos de los ciudadanos, entre ellos la aprobación de leyes atípicas que aceleran la crisis.
La Ley de Costos y Precios Justos es un ejemplo, porque “si bien el Estado debe proteger a los débiles jurídicos, también es cierto que en un país que apueste al desarrollo es necesario garantizar estabilidad al sector productivo. Esta norma jurídica que afecta al aparato productivo del país y a la actividad económica en general, porque incide directamente en los consumidores que se ven en la obligación de hacer largas colas para adquirir los productos básicos e, incluso, pueden ser objeto de sanciones”.
Asegura que existen casos en los que se ha aplicado las sanciones penales de la ley a madres y familias que no necesariamente representan al sector productivo, “a raíz de los fenómenos o nuevos mecanismos económicos que han surgido, conocidos con el nombre de bachaqueo”.
El objetivo del foro es promover el debate de todos los sectores sobre la ley.
Según los voceros del Movimiento Vinotinto, los controles, las sanciones administrativas, tributarias y penales impuestas por Estado al aparato productivo, inciden de forma negativa en el sistema económico.
“Más de 80.000 empresas en el país han cerrado sus puertas, lo cual se traduce en una pérdida de 150.000 puestos de trabajo durante el año 2014”.
La actividad gratuita se llevará a cabo en alianza con el área de Extensión Universitaria de la UCLA y con el respaldo de la Red de Instituciones Larenses. Los interesados pueden inscribirse mediante el correo electrónico [email protected] o a través del teléfono 0424-5581126.
Represión silente
El paquete de leyes vinculadas al sector económico del país forman parte de una represión silente impuesta por parte del Ejecutivo Nacional, explica Virguez.
“El discurso populista dice que la ley es contra las grandes cadenas productivas y los empresarios, pero la realidad es que las principales víctimas de la Ley de Costos y Precios Justos, desde mediados de 2014, son los consumidores”.
Cuando un abasto o supermercado cierra sus puestas, por las sanciones, o cuando esto sucede en el seno de la cadena productiva, se cierra la posibilidad de tener acceso a una mayor cantidad y variedad de rubros.
“Esa ley es una plastilina jurídica, porque no especifica cuándo se comete o no el delito de acaparamiento, contrabando de extracción o de reventa de productos, que es el delito imputado a los ciudadanos”.
Caso Farmatodo
Los miembros del Movimiento Vinotinto rechazaron el procedimiento aplicado a la directiva de la cadena de farmacias Farmatodo, “quienes fueron víctimas de una práctica aplicada a las víctimas de las manifestaciones, por su disidencia política, al ser citados ante el Sebin para declarar y resultaron retenidos”.
Maximiliano Pérez, miembro de la Red de Instituciones Larense y vinculado al sector productivo de café, recordó que las empresas expropiadas por el Estado son improductivas. “La primera expropiada fue Venepal y el primer rubro escaso del país fue el papel sanitario. Farmatodo nació en Lara y por eso defendemos la actividad empresarial que ellos desarrollan”.
Advirtió sobre el alcance que tienen las sanciones penales de la Ley de Costos y Precios Justos en todos los sectores sociales.
“La economía está ligada a la sociedad y si se destruye la economía de un país, la población será la principal víctima. Pedimos respeto a los ciudadanos de las colas que son llamados bachaqueros por parte del sector oficial, en desmérito de su necesidad frente a la escasez de alimentos y medicinas”.
