El Gobierno somete al sector privado a rigurosos controles, supervisiones, sanciones, expropiaciones, amenazas y hasta detenciones, pero está lejos de marcar la pauta en el manejo de las empresas que administra.
La industria cementera, por ejemplo, es monopolio estatal. ¿Se consigue fácilmente cemento en el mercado, luego de que el Gobierno procediera a expropiar y cambiarle el nombre a la mexicana Cemex, a la francesa Lafarge y a la suiza Holcim? Lo mismo ocurre con las cabillas, pese a que el Estado controla 95% de la producción con Sidor, Sidetur y Sivensa. ¿Qué tan fácil es localizar aluminio, acero, bauxita? Y, ¿qué decir del azúcar, en momentos en que 60% de los ingenios azucareros están en manos de burócratas de la revolución?
Colas también se forman, e inmensas, frente a Pdval, incluso en el que está dentro de la XIV Brigada de
Infantería, en la avenida Los Leones de Barquisimeto.
Asimismo, en el Abasto Bicentenario. Ni qué hablar de las constantes colas para comprar bombonas de gas doméstico, en una nación que tiene las mayores reservas probadas de gas natural en la América Latina.
¿Todo lo que esté en manos del Gobierno está fuera de los controles? ¿No hay parámetros de eficiencia
para el amplio abanico de empresas del Estado? Si Farmatodo pasa a formar parte de una Misión, ¿todo cambiará, para bien, en un país con un sistema de salud en terapia intensiva?
Una gerente de la cadena, que habló en condición de anonimato, precisó que no habían recibido ninguna comunicación de las autoridades sobre el procedimiento que les abrieron.
A fines de 2014, Farmatodo anunció un método para regular la venta de 33 productos, los cuales pueden ser adquiridos semanalmente, según límite de unidades establecido
