La ex directora de la policía secreta de Colombia María del Pilar Hurtado, procesada en su país por cargos de espionaje, se entregó a las autoridades en Panamá y fue repatriada a Bogotá a esperas de la audiencia de legalización de captura, informó su abogado el sábado.
El jurista Jaime Camacho dijo a los medios de comunicación que su representada se encuentra en la sede principal de la Fiscalía en la capital colombiana.
La entrega voluntaria de Hurtado se produjo en las primeras horas del sábado ante las autoridades migratorias de Panamá, que a su vez la cedieron a una comisión colombiana encabezada por Julián Quintana, director del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, que viajó desde Bogotá.
«En la madrugada del día de hoy 31 de Enero, Hurtado fue entregada a autoridades colombianas en el Aeropuerto de Tocumen y salió en un vuelo privado custodiada por dichas autoridades con destino a Colombia», confirmó la Cancillería y el ministerio de Seguridad de Panamá mediante un comunicado.
La ex funcionaria se entregó un día después de que la Interpol emitiera una circular roja ordenando su captura a nivel internacional.
A fines de 2010 Hurtado se asiló en Panamá con el argumento de que en Colombia su vida corría peligro y que no tenía las garantías para someterse a un juicio justo.
La ex funcionaria está acusada en Colombia de haber formado parte desde el desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) de una red de espionaje contra magistrados, periodistas, activistas y opositores del pasado gobierno del ex presidente Álvaro Uribe (2002-2010).
Su proceso está en la Corte Suprema, que está próxima a proferir sentencia (condenatoria o absolutoria) por el sonado caso. Se le está procesando por al menos cinco delitos relacionados con espionaje.
En mayo pasado la Corte Suprema panameña declaró inconstitucional el asilo otorgado en su momento a Hurtado por parte del gobierno del hoy ex presidente Ricardo Martinelli.
Tras conocerse la entrega de Hurtado, el ex presidente Uribe insistió en una corta declaración enviada a los medios que se trata de una persecución política contra los ex funcionarios de su gobierno liderada por el actual presidente colombiano, Juan Manuel Santos.
Uribe asegura que Santos habría presionado a Interpol para pedir una circular roja contra Hurtado durante una visita a Francia la semana pasada. El gobernante ha desmentido esta versión.
Hurtado «vendrá a enfrentar unos cargos inminentemente políticos y confiamos que, a pesar de todos los atropellos que se están cometiendo contra ella, pueda demostrar su inocencia», expresó en diálogo telefónico con AP la congresista Paloma Valencia, del uribista partido Centro Democrático.
En tanto, el senador del izquierdista Polo Alternativo Democrático, Iván Cepeda, celebró la entrega de Hurtado. Dijo que ella «tendrá que comparecer ante los jueces y sobre todo tendrá que explicar cuál fue el papel de Álvaro Uribe en la interceptaciones ilegales del DAS».
Cepeda, víctima del espionaje, al igual que algunos ex detectives del DAS encarcelados han sostenido que la información ilegal recopilada le era reportada directamente a Uribe. El ex presidente siempre ha negado estos señalamientos.
Un secretario general de Uribe, Bernardo Moreno, también está siendo procesado por la Corte Suprema por las acusaciones de espionaje.
No sólo Hurtado y Moreno hacen parte de la lista de ex colaboradores y amigos de Uribe que enfrentan líos con la justicia.
El que fuera uno de sus ministros estrella en la cartera de Agricultura, Andrés Felipe Arias, fue condenado en julio pasado a más de 17 años de cárcel por las irregularidades en que incurrió en un programa de subsidios agrícolas. Actualmente está en Estados Unidos, donde pidió asilo.
Otros dos ex ministros uribistas, Sabas Pretelt y Diego Palacio, están a la espera de una decisión de la Corte Suprema por las actuaciones irregulares que habrían tenido en 2004 al momento de impulsar la reelección presidencial de Uribe.
Finalmente, la víspera rindió interrogatorio en la Fiscalía Óscar Iván Zuluaga, que fue el candidato del uribismo en las elecciones presidenciales del año pasado y quien es investigado por sus nexos con un experto en informática que espiaba a los delegados del gobierno y de las FARC durante sus negociaciones en Cuba desde fines de 2012.
Desde que la revista bogotana Semana denunció en febrero de 2009 los hechos sobre interceptaciones ilegales, la Fiscalía inició una compleja investigación que ha llevado a prisión a una treintena de ex detectives del DAS, institución que dependía de la Presidencia y que fue cerrado en octubre de 2011 por el gobierno de Santos debido al escándalo.
El que fuera director del DAS entre 2002 y 2005, Jorge Noguera, está condenado a una pena de 25 años por varios delitos, entre ellos por el homicidio de un profesor a manos de paramilitares.
