Hoy se cumplen dos años de lo que sería la revisión y conteo en el Centro Penitenciario de Centroccidente conocido Uribana, que terminó en una de las peores masacres, arrojando un saldo de 65 fallecidos, entre ellos dos pastores evangélicos, un efectivo de la Guardia Nacional y más de cien heridos.
Privados de libertad que vivieron la masacre y sus seres queridos acusan al Gobierno como el principal responsable de lo que allí ocurrió. Y según el informe realizado por la Comisión de Régimen y Cultos Penitenciarios, de la Asamblea Nacional, coincidieron con las acusaciones de los afectados.
Dicho documento fue presentado para ser sometido a discusión en plenaria, pero los diputados de la bancada oficialistas lo rechazaron y bloquearon la discusión del mismo. Aún no se tiene una respuesta.
Los mismos textos fueron remitidos al Ministerio Público para que se iniciaran las acciones legales en contra de los presuntos responsables de la masacre. “Creemos que como todo apuntaba hacia el director del penal, en ese entonces Nelson Bracca, como principal responsable, quien forma parte del equipo de Iris Valera, la ministra de Asuntos Penitenciarios, pero la investigación fue desestimada”, indica Oscar Ronderos, diputado de la Asamblea Nacional y miembro de la Comisión de Régimen y Cultos Penitenciarios.
Perdieron tiempo y viaje
La masacre de Uribana es considerada una de las más sangrientas y grandes de la historia. Pasó a ser noticia internacional. El parlamento inició las averiguaciones.
La Comisión de Régimen y Cultos Penitenciarios de la Asamblea Nacional viajó hasta Lara para conocer lo allí vivido. Se entrevistaron con los heridos de la masacre que en ese momento fueron alojados en Rodeito, hablaron con los familiares de los privados de libertad e incluso se trasladaron hasta el Internado Judicial de San Felipe, mejor conocido como La Cuarta, donde habían sido llevados 586 internos.
Asimismo, desde la Comisión de la AN ubicaron a los funcionarios actuantes, tanto a custodios destacados en Uribana, como a los efectivos del Grupo de Respuesta Inmediata y Custodia (GRIC) encargados de comandar la revisión y el conteo; también a los funcionarios de la Guardia Nacional, a sus superiores y hasta el mismo director Nelson Bracca.
Ardua fue la labor de la Comisión, cuyos miembros viajaron en varias oportunidades desde Caracas a la entidad larense y a Yaracuy. Como un rompecabeza fueron recopilando la información y justo cuando se cumplió un año de haberse cometido la masacre, el 25 de enero del 2014, culminaron el informe y fue presentado. Pero lo rechazaron.
Unidad criminalística actuó
Desde el Ministerio Público (MP) se comprometieron a dar una respuesta a lo sucedido, por lo que activaron la Unidad Criminalística Contra la Vulneración de los Derechos Fundamentales del MP. Los funcionarios, quienes tienen gran experiencia, se fueron hasta el penal y en compañía de expertos del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc), iniciaron las pesquisas.
Cicpc hizo lo propio, todo remitido al Ministerio Público, pero la investigación quedó a cargo de la Unidad Criminalística. Allí se procedió al estudio de los cadáveres, a través de las autopsias. La gran mayoría presentó heridas producidas por el paso de un proyectil de alto calibre; todo determinaba que se trataba de fales. Uno resultó estar quemado, determinando que fueron sus propios compañeros. Otros reos presentaron heridas producidas por armas cortas y sólo una con blanca.
Mediante el testimonio de los sobrevivientes se conoció que algunos aprovecharon la oportunidad para saldar cuentas entre ellos mismos.
Igualmente, en medio del campo deportivo fueron colectadas las conchas de lo que allí fue percutado. Se hizo la planimetría del suceso, para verificar de dónde comenzó el fuego, y si hubo un enfrentamiento. Según fuentes ligadas a la investigación se determinó que no, solo hubo fuego cruzado entre los mismos uniformados.
Tobos y tobos de conchas se extrajeron del penal, la mayoría de fales, y muchas de pistola calibre 9 milímetros.
La labor de los funcionarios culminó y tampoco fue presentada. Ese expediente fue archivado.
Un mal recuerdo
Según los relatos recogidos entre los reos, esa mañana del 25 de enero del 2013 la requisa estaba anunciada por el mismo director del penal e incluso negociada con “los pranes”.
Los internos estaban desarmados en el medio del campo deportivo, agachados, rodeados de dos cordones: uno de Grupo de Respuesta Inmediata y Custodia (GRIC) y el otro de funcionarios de la Guardia Nacional, además de tres de las doce tanquetas que habían sido trasladadas para la intervención.
El maltrato contra un preso que se quedó dormido en el área de media, al que según el propio Nelson Bracca, director en ese momento del centro penitenciario, traía esposado y golpeó en la cabeza, hizo que la población se alzara.
Eran 2.320 hombres los que se encontraban en medio del campo deportivo, quienes se alteraron y exigieron que su compañero no fuera maltratado. Dicha reacción generó un nerviosismo en los funcionarios que allí estaban y a uno de ellos, se cree que de los menos experimentados, se le fue un disparo hacia el aire.
El ruido alertó al resto de los efectivos que sin saber de dónde había provenido esa detonación, comenzaron a disparar en contra de la población penal que estaba en el campo deportivo, totalmente desarmada.
En un video que fue divulgado a través de las redes sociales se observa cómo desde una tanqueta un castrense dispara sin cesar en contra de los presos y a la misma vez lo hacían otros uniformados. En el campo se ven cómo algunos reclusos caían heridos, levantaban sus manos en forma de señal de que estaban desarmados, pedían a gritos que cesara el fuego, pero eso no ocurrió.
En vista de la situación, algunos internos con su instinto de sobrevivencia se resguardaron en las diferentes áreas de los penales, y aprovecharon para buscar las armas que habían escondido y así poder responder al ataque de los guardias nacionales.
Gran angustia
Fueron horas de zozobra para quienes estaban en las afueras del penal, que al escuchar las ráfagas de disparos provenientes del interior del penal comenzaban a orar sin parar, pidiendo a Dios que tomara el control. Lágrimas de dolor y gritos de impotencia era lo que se observaba. Una vez que dejaron de sonar las detonaciones, un silencio sepulcral invadió el lugar y eso acrecentó la desesperación en los seres queridos de los privados de libertad.
Pasado cinco minutos sonó el teléfono de la señora Rosa Aguirre, era su hijo para avisarle que estaba bien, pero que eso afuera estaba “muy feo” y que había más de cien muertos. Le contó que muchos de sus compañeros de celda fueron masacrados “por los verdes”.
Paralelamente otros iban viendo sus celulares esperando una llamada de los suyos, algunos las recibieron, otros se quedaron esperando.
Reina Herrera caminaba de un lado a otro, hasta que le sonó el teléfono que identificaba era su hijo, pero del otro lado de la bocina estaba uno de los llamados “varones” (internos evangélicos), que informaba que el muchacho perdió la batalla, había fallecido.
Al mismo tiempo salían ambulancias a toda velocidad del penal… el sonar de las sirenas se ligaba con el llanto de quienes tenían malas noticias.
Las primeras informaciones eran las de los guardias nacionales heridos. Esto era un mal presagio, porque sabían que la gente del Gobierno quería tomar el control del penal.
Aglomerados por información
Familiares se dividieron: algunos estaban en las afueras del Centro Penitenciario a la espera de información, otros se iban hasta la emergencia del Hospital Central Antonio María Pineda, a donde llegaron los heridos, unos tras otros.
Parte de la mañana y la tarde hubo constante movimiento de ambulancias.
También se pudo observar, en otro video divulgado por las redes sociales, como una vez que salían del portón rojo los presos heridos, eran situados en la parte de afuera del penal, unos se arrastraban, quedando encima de otro. A la espera de ser auxiliados morían, otros se quejaban y el efectivo castrense que grababa en el momento se burlaba y mostraba su cara.
Así mismo comenzaron a rodar fotos de “El Chueco”, uno de los pranes de Uribana, fallecido y de la pila de cadáveres colocados uno al lado de otro. De inmediato, autoridades aseguraron que se trataban de fotos de la masacre ocurrida en el 2007, pero la evidencia de un aviso viejo, que mostraba el nombre de Amalia Sáez, como alcaldesa, fue prueba suficiente para saber que la gráfica correspondía a la fecha señalada del 2013.
Una burla
Para Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), esto le parece una burla, pues el Estado debió darles una respuesta a las familias de los 65 caídos y de los más de cien heridos, más cuando Uribana es una cárcel que posee una medida impuesta por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
“Cuando hay una violación de pactos internacionales, en esta materia estamos hablando de derechos civiles, de muertes, es necesario que el Estado, de una respuesta”, puntualizó Prado.
Cabe destacar que las organizaciones no gubernamentales, y defensores de los Derechos Humanos, le hicieron seguimiento al caso de Uribana, y también se hicieron sus propias investigaciones, concordando con las señaladas por la familia.
Hasta ahora nadie entiende porqué la justicia venezolana no ha llegado para estas 65 víctimas fatales, en donde cayeron 63 reos, dos pastores evangélicos y un efectivo de la Guardia Nacional.
