Hablamos de los centros de educación superior, en general, pero las reflexiones apuntan más que a las instituciones como tal, que para eso han logrado sobrevivir durante épocas, a quienes se han encargado de dirigirlas en un momento de su trayectoria, sin distingos de ámbitos en el contexto mundial, a escala espacial; e igualmente, si se tratase de su pertenencia a lo que tradicionalmente se ha diferenciado como sector público y sector privado.
Las pretensiones ocultas de un debate que se plantea en torno a una petición válida por parte de los rectores de las universidades privadas, apoyada por la Asociación Venezolana de Rectores (Averu), como punto de agenda del órgano facultado para ello, el CNU, pasan por la visión limitada, reduccionista y descontextualizada con la cual soportan sus argumentos y sus declaraciones, generalmente orientadas por el interés político- partidista y la oposición a ultranza. Así lo percibimos.
Ciertamente, el órgano rector desde hace tiempo está en mora con las Universidades Privadas. Desde 2006 y 2011, no había dado respuesta a la solicitud de carreras en el área de pregrado y postgrado, respectivamente. A ello se agrega, el dato también para discutirlo, alusivo a la medida en la cual dicho sector ha contribuido “a la formación de los profesionales que el desarrollo del país requiere”, suerte de lema o credo con el cual se sigue justificando la acción y los proyectos.
Pero eso de solicitar la “respuesta” correspondiente, como aspecto puntual, sin entrar en otras consideraciones, pareciese rayar en un pragmatismo político que no hace concesiones a la Academia. La óptica ministerial esta vez procuró lo contrario.
Por decir lo menos, el tiempo no transcurre en vano y si algo es característico de estos últimos años es el vertiginoso cambio que hace obsolescente al conocimiento. Pero tampoco puede ignorarse que la formación de profesionales es consustancial a la relación Estado – Sociedad, mediada por un Proyecto Nacional, liderado por la clase dominante, en el ejercicio del poder en un momento histórico determinado, por más que quiera hacerse aparecer esta categoría de análisis como retórica y banal.
El caso venezolano es ilustrativo. La Universidad Colonial jugó su papel político. La Universidad del proyecto independentista bolivariano, con la UCV, a la cabeza, se crea “para formar al hombre republicano”. Hubo que esperar la época posterior a la segunda guerra mundial para que surgiese la idea del desarrollo y, con ella otros fines: “formar los recursos humanos que el país requiere. La institucionalización de la planificación consagraría tal desiderátum.
El VIII y el IX Plan orientaron un modelo de desarrollo basado en el neoliberalismo. La privatización de la educación cobró auge. Luego sobrevino el colapso y el fracaso del viejo paradigma expresado en el modelo neoliberal.
Al iniciarse el siglo XXI, un nuevo paradigma ya está en gestación. El Desarrollo Humano Integral. En su Artículo 299, la Nueva Constitución así lo consagra, al igual que la tesis acerca de la Responsabilidad Social, como contribución al objetivo de superar el drama de la pobreza y de la exclusión, para avanzar hacia mayores niveles de calidad de vida de la población.
Si aspectos como estos no están en la agenda de la política universitaria, efectivamente, podemos hablar de universidades desfasadas.
