2014 fue el año con más violaciones a la libertad de expresión de los últimos 20 años en Venezuela, advirtió la organización no gubernamental Espacio Público.
De acuerdo con un informe divulgado este martes, entre enero y diciembre del año pasado se cometieron 579 violaciones en 350 casos denunciados.
«Los datos registrados implican un incremento de 59% en el número de denuncias/casos con respecto al año 2013 en el mismo período y un total de 474 víctimas. Asimismo, el número de violaciones al derecho a la libre expresión, presenta un incremento de 102% respecto al año 2013», señaló la ONG.
Se entiende que un mismo caso pudiera implicar más de una víctima e igualmente más de una acción que se constituya en violación al derecho fundamental, según la legislación que lo define.
Las agresiones e intimidación a periodistas, reporteros gráficos o periodistas ciudadanos constituyen la segunda y tercera forma de violación entre los casos registrados, sólo después de los 145 hechos de censura (25,04%).
Según el monitoreo de Espacio Público, en 93 ocasiones se cometieron agresiones a comunicadores sociales (16,06% del total), mientras en otros 88 casos el tema fue la intimidación (15,20%).
«Las amenazas, ataques y agresiones constituyeron los tipos de violaciones que más aumentaron con respecto al año 2013. Las víctimas incrementaron en un 47% con respecto al año anterior. Los afectados no son solo profesionales del periodismo o los medios de comunicación», precisó la ong.
El Estado victimario
Con respecto a quienes durante ese año se empeñaron en irrespetar el derecho fundamental a la libertad de expresión de los venezolanos, una importante mayoría de 54% apunta a la responsabilidad de una u otra institución del Estado, que acaparó una buena parte de las agresiones. Este sector contó con el apoyo de los dueños de medios privados encargados de censurar.
«Los cuerpos de seguridad encabezan las violaciones a la libertad de expresión (28,57%), principalmente las relacionadas con casos de agresiones e intimidación contra periodistas y personas levantando información en manifestaciones», señaló el informe.
«En segundo lugar, las instituciones administrativas (16,97%), que principalmente por medio de sanciones y multas afectan a los medios de comunicación y a sus periodistas y en tercer lugar funcionarios públicos (8,86%) que reinciden en la descalificación hacia los trabajadores de la prensa», sentenció la ong.
En cuanto a los terceros particulares, los grupos armados/violentos (4,57%) fueron responsables de muchas de las agresiones, hurtos y amenazas hacia periodistas, mientras que 19,71% de las violaciones se atribuyen a los dueños y directivos de medios responsables de censurar informaciones.
Estado victimario
Al mirar la situación desde un punto de vista general, la organización de derechos humanos no dudó en señalar al Gobierno nacional como culpable de sostener un clima de hostilidad contra quienes buscan informar lo que ocurre.
«Reiteramos que el abandono por parte del Estado de las garantías del ejercicio del periodismo y de la protección del derecho humano a la libertad de expresión, aunado al discurso de descalificación por parte de funcionarios públicos, contribuyen a sostener un contexto polarizado y de hostilidad para el ejercicio de la comunicación que afecta al universo de la población que reside en Venezuela», expresó la ONG.
Así mismo, exigieron ajustar el marco legal venezolano a los estándares del derecho internacional de los DDHH, para garantizar entre otras cosas el derecho a réplica y rectificación; que se garantice la integridad personal de los comunicadores sociales durante el ejercicio de sus actividades profesionales.
Igualmente, Espacio Público subrayó la necesidad de independencia por parte de Conatel para la asignación del espectro readioeléctrico, y de los órganos de asignación de divisas para la importación de papel e insumos para prensa.
Casos emblemáticos
El caso más emblemático de censura en 2014 fue, a juicio de Correa, el bloqueo del canal colombiano NTN24 en las operadoras de televisión por cable por su cobertura en el inicio de las manifestaciones antigubernamentales de febrero.
Pero en el informe también se mencionan como censura casos de restricciones a la publicación de determinada información y el despido de periodistas y caricaturistas tras la compra y cambio de orientación editorial -más cercano al Gobierno- de algunos medios tradicionalmente opositores.
