Desde los primeros días de diciembre de 2014, el Instituto Nacional de Tierras, (INTI), ocupó un predio destinado por la Gran Misión Vivienda para la construcción de un lote de edificios que en una primera etapa beneficiarían a unas 1.000 familias. Se instalaron con todos sus pertrechos y hasta una casa rodante sirvió para hacer más cómoda la estadía de los empleados del organismo nacional.
Este domingo, habitantes de Villa Esperanza, Santa Bárbara y 7 de Octubre, denunciaron que el personal del INTI, además de agredir a vigilantes del terreno en conflicto, “destrozaron el puesto (de vigilancia) y agredieron a los custodios, además de secuestrarlos y robarles sus pertenencias”.
Así lo señaló Yenny Álvarez, vocera de las comunidades arriba citadas y quien ha realizado una acusación en contra del INTI ante un tribunal en materia agraria.
Soluciones habitacionales
Álvarez declaró que en el predio de unas ocho hectáreas, el Ministerio de Hábitat y Vivienda aprobó un desarrollo habitacional que construirá una constructora privada.
“Ya nosotros disponemos incluso de los recursos que fueron bajados para la empresa constructora a cargo del ingeniero Massimo Zannier en junio de 2014, la cual desarrollará 144 apartamentos en una primera fase. Repetimos, en un lote propiedad del municipio por estar dentro de la poligonal urbana”, apuntó la dirigente vecinal.
Subrayó que el INTI “invadió” con unas 30 personas el predio ingresando con violencia, tumbando la cerca perimetral, dañando la valla publicitaria de la Gran Misión Vivienda, agrediendo al personal obrero. Todo esto entre las 2:00 y 4:00 de la madrugada.
“Dueño y señor”
Maité Otero, vocera de Villa Esperanza, relató que el presidente del INTI llegó al terreno “con ínfulas de dictador”.
El funcionario, según versiones, dijo que el INTI era el único organismo con derecho sobre el lote “y son ellos lo que deciden el destino de la tierra”.
Precisó que representantes de ese instituto nacional invitaron a las comunidades que serían beneficiadas con los apartamentos a mesas de negociación para plantearles el desarrollo de un proyecto agroproductivo con siembra de caraotas y otros rubros de consumo masivo.
“No aceptamos, ni aceptaremos esa infame propuesta. Nosotros necesitamos nuestras casas, dado que tenemos ocho años luchando contra engaños y promesas, hasta que nos escucharon y aprobaron los recursos. Ahora viene el INTI a invadirnos”, increpó.
Recalcó que entre las propuestas del instituto figura el ofrecimiento de un desarrollo habitacional tipo mini granjas, con cultivo en los patios de las viviendas.
“Sabemos que es un engaño más porque el INTI no tiene facultades para desarrollar soluciones habitacionales”, arguyó.
Otero manifestó que el Juzgado Superior Tercero Agrario, se pronunció a favor de las familias ocupantes al disponer de habitabilidad.
Lucha de poderes
“El INTI en vez de dedicarse a otorgarnos la titularidad de la tierra, actúa en detrimento de las familias necesitadas invadiendo un terreno ya dispuesto para desarrollar viviendas”, sentenció Noris Mendoza.
Aseguró que el conflicto es una lucha de poderes entre jerarcas que acompañaron al desaparecido presidente de la República y los que hoy están con el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro.
Comentó que en el valle del Turbio hay algo más de cinco mil hectáreas intervenidas por el INTI, todas improductivas y en abandono. “Ahora también quieren este terreno que responde a caprichos de alguien en el alto Gobierno”.
Venta de predios
Asimismo, Yusmaira López y Aleida Borges, denunciaron que un grupo de personas habitantes de la ocupación 7 de octubre, se han dedicado a vender terrenos, revendiendo hasta tres veces los solares.
“Estas personas se han confabulado con el presidente del INTI para dividir, quienes fueron asistidos hasta por el departamento de Consultoría Jurídica de ese ente, quienes hasta un proyecto habitacional les plantearon”, observaron.
Documentos fraudulentos
La coordinadora regional del Partido Revolucionario del Trabajo y miembro del Polo Patriótico, Yanina Navas, desmintió categóricamente que el INTI haya entrado a la fuerza al predio en conflicto, retirando a familias que luchan por un derecho habitacional.
“La publicación en periódicos es totalmente falsa. Lo que está sucediendo acá es que existe una empresa inmobiliaria que fraudulentamente obtuvo unos papeles de titularidad en donde especifica la acreditación del terreno, cosa que no es de esa manera. Estos terrenos en la cadena de titularidad, indica que son baldíos del Estado, que a su vez son administrados por el INTI”, contó.
Ayer (el domingo) acotó, el presidente del INTI le aclaró a la empresa inmobiliaria la situación, la cual será elevada a los organismos jurisdiccionales.
Adicionó que en otro Gobierno, hubiese llegado la Guardia Nacional y despeja a los ocupantes “a fuerza de palo, dado que los terrenos son institucionales.
Dejó en claro que el alcalde del municipio Palavecino tiene competencia en los citados lotes.
Al ser consultada sobre los documentos firmados por el ministro Ricardo Molina y la carpa del INTI instalada dentro del predio, anotó: “Repito, serán los organismos correspondientes los que se pronuncien, y la carpa es para resguardar la propiedad del INTI”.
Posición del Gobierno municipal
El alcalde de Palavecino, José Barreras, se pronunció en torno al conflicto en predios ubicados entre las avenida El Placer y Libertador con calle Santa Bárbara, en donde el INTI penetró en el mismo para instalar una carpa militar con la intención de resguardar el terreno baldío.
En mandatario dijo que el terreno en su totalidad tiene 25 hectáreas de las cuales, 4 pertenecen a la Abrae y otras 20 son parte de la poligonal urbana, decretadas como tal en 1980 y ratificada por el expresidente Hugo Chávez en 2005.
Destacó que la Alcaldía le aprobó un proyecto de Misión Vivienda a una empresa inmobiliaria, basándose en documentación legal presentada, entre las cuales está el convenio entre el privado y el Gobierno nacional.
Mostró Barreras la denuncia policial de la hostilización y violencia ejercida por presuntos empleados del INTI en contra de quienes custodiaban el terreno.
“Ya esto sí es un delito, y tipifica la acción contra la cosa pública”, relató agregando que los argumentos del presidente del instituto son contradictorios, pues, “desconocen la propiedad del privado sobre el predio, asegura también que el área no es urbana sino de vocación agrícola y le pertenecen al INTI.Otro de los alegatos es que en el terreno está propuesto un proyecto de siembra familiar para la seguridad agroalimentaria y construcción de viviendas para los empleados del instituto.
Advirtió que no comparten el criterio del INTI sobre el terreno y advirtió basándose en el Pdul, que el predio es urbano dentro de la poligonal en tanto son los garantes de la legalidad. “La vía no puede ser la anarquía. Yo respeto al INTI y exijo se nos reconozca como autoridad porque fuimos electos por voluntad popular. Además no entendemos que se ataca a un proyecto de viviendas populares para poner otro proyecto de viviendas, así como argumentar un proyecto de seguridad agroalimentaria al tiempo que en terrenos de enfrente hay hectáreas enteras de vocación agrícola ociosas e improductivas”.
