42 muertos y 3.132 detenciones de estudiantes, dirigentes políticos, trabajadores y ciudadanos en general, fue el resultado de las protestas sociales que comenzaron el 12 de febrero de 2014, de las que este miércoles se cumplen 11 meses.
62 detenidos de entonces aún enfrentan esta realidad en los calabozos del Sebin o en cárceles de máxima seguridad.
Otras 1.922 personas se encuentran sometidas a procesos judiciales en libertad, mientras que el resto fueron liberados sin cargos. Las denuncias de hechos de torturas, tratos crueles e inhumanos y atropellos a derechos procesales y constitucionales, se pierden de vista.
Las cifras, recopiladas por la organización no gubernamental Foro Penal Venezolano, se convierten en la visión objetiva, cuantificable, de los efectos del fenómeno social que estremeció a las principales ciudades del país.
Sin embargo, las verdaderas consecuencias son percibidas por quienes han observado de cerca como un proceso de medición de fuerzas: por un lado se produjo un despertar al ejercicio de los derechos civiles y políticos, y por otro una avanzada en la naturaleza represiva de un Gobierno que este año consagró al Poder Judicial como un arma de persecución.
Oscuridad y luz
«Los venezolanos despertaron, le perdieron el miedo al Gobierno en relación con sus peticiones (…) Las protestas pusieron fin a la época en la que estábamos aletargados, y representaron un impulso», opinó la abogada Theresly Malavé, quien ha actuado como representante legal de muchos de los detenidos el último año.
Como ciudadana, considera que la falta de reconocimiento de los errores propios cometidos por el Poder, propiciaron una situación en la que quienes los sufren «están llenos de rabia y resentimiento», sentimientos que hoy más que nunca se ponen de manifiesto con las carencias económicas.
«Ahorita es por comida, pero siento que si en febrero no hubiésemos comenzado a protestar, hoy no tendría la misma fuerza.
Se han unido esas energías, y se percibe que la gente no tiene miedo, sino rabia por no ser escuchados», advirtió la abogada.
Por otro lado, está el escenario oscuro que se percibe en los tribunales penales del país, donde han ocurrido cambios tendientes a la radicalización del fenómeno ya advertido incluso por los órganos internacionales: la politización de la justicia.
«El panorama es tan triste con el tema de los estudiantes (aún presos). Los operadores de justicia saben que están violando los derechos al debido proceso hasta el punto que recurren a la estrategia del diferimiento de audiencias con tal de mantenerles abiertos expedientes políticos», refirió Malavé.
«Lo que se siente es un miedo enorme de los jueces a tomar decisiones ajustadas a derecho.
No dan un paso sin tener una autorización por parte del Poder Ejecutivo, ya sea por el efecto Afiuni, por comodidad o porque estan entregados al proceso», sentenció la penalista.
Impunidad
«La impunidad es el lado oscuro de la justicia, y el Ministerio Público es culpable de la que impera no sólo en torno a las muertes y violaciones de derechos humanos ocurridas durante los meses de las protestas del año pasado, sino por los 200 mil venezolanos que han sido asesinados desde que la revolución asumió el poder, de los cuales tan sólo el 3% de los victimarios ha obtenido condena», manifestó, por su parte, el defensor de derechos humanos y sociólogo, Rafael Narváez.
Otra arista que -consideró- quedó al descubierto a raíz de la reacción oficial a las manifestaciones, es la poca formación en DDHH y tratamiento de conflictos civiles que tienen los efectivos de organismos de seguridad del Estado, especialmente los militares.
Para Narváez el impulso recientemente emprendido por el nuevo Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, para crear un «protocolo» que norme la actuación de los funcionarios en el control de manifestaciones, es un reconocimiento de la carencia en este sentido que había el año pasado.
«Calificó como positivas las expresiones que ha tenido hasta ahora en cuanto a reconocer que todas las víctimas son venezolanas y tienen los mismos derechos.
Sin embargo lo pongo a prueba. Aun sigue siendo dirigente del PSUV y le rinde cuentas al Gobierno. Creo que tiene una camisa de fuerza y esperemos que se la quite», manifestó Narváez sobre la nueva gestión de la Defensoría del Pueblo.
La otra víctima
Otra de las repercusiones que tuvieron las protestas de 2014 en la sociedad venezolana fue el aumento de los ataques a la libertad de expresión, entendiendo que el ejercicio de este derecho afecta a todo el colectivo.
La organización no gubernamental Espacio Público, reportó un balance de 569 violaciones al final del año, que corresponden a 350 denuncias, de las cuales 91 fueron agresiones a periodistas, fotorreporteros, trabajadores de medios e infociudadanos, ocurridas en su mayoría durante la cobertura de las protestas.
«Portar un carné de prensa, una cámara fotográfica o de video era la ficha que identificaba el blanco a seguir. El ‘no dispare, soy prensa’ en contadas ocasiones no sirvió de salvoconducto para el ataque», advirtió la ong. La mayoría de los ataques registrados fueron cometidos por efectivos de las fuerzas de seguridad del Estado, en primer lugar, y por miembros de «grupos violentos» en segundo.
