La defensa del empresario yaracuyano Kamel Salame apeló a la intervención de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para que corrija lo que consideran un «fraude procesal» y ordene su liberación.
Así lo indicó el apoderado José Luis Centeno, quien sostiene que aunque Salame no está siendo juzgado por delitos relacionados con tráfico de drogas, esta calificación ha marcado el proceso judicial desde el inicio y determinado su privación de libertad «ilegal» durante seis años.
«Esa es la incoherencia, él no está acusado de narcotráfico pero toda la carga procesal estaba bajo esa presunción. El está acusado de aprovechamiento de cosa proveniente del delito y legitimación de capitales, cargo que durante casi tres años se basó en el artículo 37 de la derogada Ley de Tráfico Ilícito y Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, bajo la cual lo encarcelaron, congelaron sus cuentas e incautaron sus bienes», explicó Centeno.
El abogado sostuvo que a pesar de que la base legal de la acusación cambió, y en la nueva Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada el delito que se le imputa no está asociado al narcotráfico, «ellos posicionaron esa etiqueta», y ha sido la razón de las repetidas negaciones a las solicitudes de libertad condicional que ha interpuesto la defensa ante el tribunal de la causa y Corte de Apelaciones.
En este sentido, los abogados del empresario consignaron en el mes de diciembre alrededor de 15 recursos de amparo donde denuncian las actuaciones de todos los agentes judiciales que han intervenido en el proceso, desde los fiscales hasta la jueza de la causa.
«Fue un gran avance que el Ministerio Público reconociera recientemente la desvinculación de Salame con el narcotráfico. Con esto se generó un cambio de circunstancia procesal que sustenta lo que nosotros denunciamos y esperamos una pronta respuesta», acotó Centeno.
Por otro lado, existen otras circunstancias que son consideradas como violaciones de derechos humanos. Salame acumula más de seis años privado de libertad sin que hasta el momento se haya producido una sentencia de primera instancia, lo que atenta contra las garantías procesales y constitucionales previstas en el ordenamiento jurídico nacional, aseguró su apoderado.
«Nosotros estamos pidiendo el avocamiento del TSJ con base en estas circunstancias. Esperamos que se haga justicia en este caso y Salame pueda salir en libertad para enfrentar el juicio en estas condiciones», concluyó Centeno.
