Adquirir una vivienda en Venezuela es un sueño utópico, la conformación de un hogar próspero es cada vez más difícil en un país que comanda las cifras inflacionarias a nivel mundial. Este suceso ha producido la generación de los arrimados, jóvenes profesionales que no logran abandonar sus inmuebles natales debido a la escasa oferta y el alto costo de la vida.
Así lo describió la Shoymei Lau, quien durante 12 años estuvo a cargo de la Cámara Inmobiliaria del estado Lara. La especialista informó que el año 2014 cerró con una alarmante caída de 83% del desarrollo habitacional en el sector privado.
Esta cifra, asegura, es producto de ciertos mecanismos gubernamentales aplicados desde el año 2009, cuando el entonces ministro de Infraestructura, Diosdado Cabello, decretó que el sector constructor inmobiliario no podía cobrar el Índice de Precio al Consumidor (IPC) cuya cifra se colocaba en un 27%.
Posteriormente, continúa Lau en su relato, el Gobierno Nacional emprende un ataque directo contra los constructores del país, al cuestionarlos como ladrones del pueblo y promover las invasiones en inmuebles que no estaban finalizados y, que hoy en día, no han sido concluidos por el mismo Estado.
Ambas situaciones, produjeron un éxodo de empresas hacia países de franco crecimiento como Colombia, Aruba, Curazao, Costa Rica, Panamá, Perú y Ecuador.
Mientras tanto, los pocos consorcios que siguieron apostando al país, sufren los coletazos de una aguda escasez de insumos y divisas, así como la endeble seguridad jurídica en el país. Progresivamente aumentan los hechos de expropiaciones e invasiones a proyectos del sector privado.
Jóvenes sin oportunidades
El costo aproximado de una vivienda supera los cinco millones de bolívares. La Ley de Política Habitacional, con un financiamiento de 350 mil bolívares, cifra su atención, casi exclusiva, a los proyectos de la Gran Misión Vivienda Venezuela. La Ley del Deudor Hipotecario sólo se activa al percibir un sueldo de 14 salarios mínimos para un crédito de millón y medio de bolívares. En tal sentido, Lau esgrime que es casi imposible que un joven profesional venezolano pueda conformar un hogar propio.
Adicionó, que la Misión Vivienda no se establece como una solución en la crisis inmobiliaria. Lau expuso que al gremio llegaron ingentes denuncias sobre que los apartamentos construidos por el Estado carecen de servicios básicos oportunos; incluso, afirmó que en algunos inmuebles han rellenado con concreto las escaleras para que los habitantes puedan subir en sus motos. Aseguró, que estas condiciones de vida no son atractivas para el joven en ascenso.
Según el criterio de la especialista, la solución radica en la conformación de un consenso nacional de la vivienda, donde el sector público articule esfuerzos con las constructoras privadas a fin de disminuir la demanda de inmuebles. Indicó que en países como México y Chile han aplicado esta medida, incluso en esta última nación acabaron con el déficit habitacional por primera vez en su historia.
