El clamor de una madre por la libertad de su hija se dejó escuchar en la Redacción de EL IMPULSO.
Representantes de Funpaz visitaron este rotativo para dar cuenta del balance que registra la organización con motivo de las protestas suscitadas entre febrero y septiembre de este año.
Una de las voces que marcó el encuentro fue la de la señora Magaly Márquez de Rondón, madre de Thaymar Rondón, de 23 años de edad, recién graduada de abogada, quien permanece recluida en la comandancia de Los Cerrajones. Es la única dama de los ocho jóvenes que se encuentran privados de su libertad desde el pasado 12 de septiembre.
“Thaymar defendió su trabajo de grado en la comandancia. Espera su título. La imputaron por los hechos ocurridos en el Saime de la avenida Lara. Se ha demostrado en los actos conclusivos que no se produjo tal hecho por parte de mi hija.
El 26 de noviembre debía ser la audiencia preliminar, sin embargo, la misma no se realizó por unos actos del Ministerio Público.
Luego, pautada la audiencia para el 26 de diciembre, esta fue nuevamente suspendida, pese a que los familiares solicitaron ante la Defensoría del Pueblo, la Corte de Apelaciones, el Ministerio Público y el fiscal superior, el adelanto de la audiencia.
“Temíamos que eso pasaría por las actividades navideñas. No se trata de delincuentes comunes, son estudiantes que por pensar distintos padecen este calvario. No fue posible el adelanto de la audiencia debido al receso judicial penal”.
La defensa introdujo un amparo en vista del retardo procesal para impartir justicia.
“Pasaremos lamentablemente un triste año nuevo porque nuestros hijos no van a estar con nosotros”, dijo entre lágrimas la mamá de Thaymar.
Márquez de Rondón visita a su hija tres veces a la semana durante veinte minutos.
Thaymar actualmente sufre el virus del chikunguña. Tiene las manos hinchadas, ha perdido unos seis kilogramos de peso y presenta hemoglobina baja.
“En nombre de todas las mamás que nos hemos unido en este momento, a todas nos duelen nuestros hijos, solicitamos la justicia divina y el debido proceso que depende de la jueza y la fiscal 4º de Control. Les pido que se pronuncien en el marco del debido proceso y se pongan en nuestro lugar. Nos sentimos tristes, impotentes, vivimos una cruda realidad.
Mi hija desea continuar sus estudios en Ciencias Políticas. Pedimos justicia, a tiempo, revisión de la medida y celebración de la audiencia. Pautar la audiencia para el 26 de diciembre nos pareció una burla. Esto ha sido muy duro”, lamentó.
Agregó que la situación también es difícil para la señora Sofia, quien padece cáncer de seno y su único hijo está privado de su libertad.
“Esta la señora Petra que vive en Acarigua; la señora Soraya quien hace poco sufrió un ACV. Francisco Godoy, cuya esposa está embarazada y debería estar trabajando y no sufriendo por estar preso… el papá de Luis Piccone es un señor mayor y con una discapacidad inclusive. Pido que se dediquen al caso”.
Se eleva la impunidad
En 2014 Funpaz contabiliza en respaldo a otras ONG, 3.750 detenciones a escala nacional, dijo Andrés Colmenárez, miembro fundador de la institución y vicepresidente, quien estuvo acompañado por Norbelis Suárez, presidenta de Funpaz. A nivel local, registra más de 450 detenciones.
“También contabilizamos más de 250 heridos. El 80% por perdigón. El 20% restante se divide en armas de fuego (28 casos de heridos por arma de fuego) e impactos de metra, tuercas y otros objetos contundentes”.
Colmenárez recordó que el Ministerio Público sólo reconoció ante el Comité contra la Tortura apenas 7% de las denuncias. Hay un 93% de las denuncias que no cursan una investigación por parte del MP, elevando la tasa de impunidad. “Pese a que la Defensoría del Pueblo de Lara se reúne constantemente con nosotros, los abogados y los familiares, no ejecuta con eficiencia la defensa del imputado cuando en teoría debe velar por los derechos fundamentales de los ciudadanos, por el contrario, aupa la impunidad al no ofrecer declaraciones sólidas a las denuncias que les presentamos”.
Colmenárez afirmó que en manos de la Defensoría del Pueblo reposan las distintas denuncias recogidas por Funpaz.
“Las denuncias de 2014 son más de 30”, dijo la presidenta de Funpaz. Todas en el marco de las protestas.
En Lara quedan privados de libertad y con arresto domiciliario cinco estudiantes universitarios desde el 7 de mayo y ahora la señora María Elena Uzcátegui, quien estuvo presa en Uribana durante tres meses.
Desde el 12 de septiembre permanecen detenidos Kelvin Ceballos, Luis Piccone, Juan Gómez, Ender Meza, Francisco Godoy, Daniel Cortez, William Sira y Thaymar Rondón. Siete están en Polilara de la 30 y Rondón en la comandancia de Los Cerrajones.
Cifras deprimentes
El abogado Manuel Virguëz, colaborador de Funpaz, precisó que el período de mayor conflictividad se registró entre el 12 de febrero y 12 de septiembre de 2014. En ese lapso se produjeron múltiples detenciones en el estado Lara. La ola de manifestaciones con mayor incidencia ocurrió entre febrero y mayo. En junio y julio mermaron las protestas debido al Mundial de Fútbol.
Tres protestas tuvieron lugar en agosto y la última el 12 de septiembre. El balance general es de más de 400 detenciones practicadas, de las cuales, a 286 personas se les impuso algún tipo de medida cautelar o privativa de libertad.
Virgüez contabiliza 13 arrestos domiciliarios, incluyendo el de la señora María Elena Uzcátegui de 56 años de edad, cinco universitarios, cinco jóvenes por el caso Cantv de la avenida Lara y otros adolescentes.
“Se dictaron 14 privativas de libertad. Permanecen aprehendidas 11 personas, incluyendo a quienes permanecen dentro de sus casas bajo la medida de arresto domiciliario. El señor Jimmy Torres, preso en Ramo Verde y el único con sentencia firme”.
El número de heridos es de casi 250 personas entre el 12 de febrero y el 12 de septiembre. Casos de tortura confirmados, 13. Entre estos, las damas a quienes les cortaron el cabello.
Hubo cerca de 33 ataques a urbanismos, tanto por organismos de seguridad del Estado como por grupos armados no identificados. Se consignaron ocho denuncias al respecto.
Estatus de Uzcátegui
Uzcátegui permanece privada de su libertad bajo la medida de casa por cárcel. El proceso penal seguirá hasta tanto no se celebre la audiencia preliminar, la cual ha sido diferida en dos oportunidades.
“Resta esperar que el ente encargado de llevar la agenda en los tribunales fije para los primeros días de enero la audiencia preliminar de la señora Uzcátegui. Igualmente para los detenidos por los hechos del 12 de septiembre”.
Actuación de la Defensoría y el MP
A juicio del asesor legal la Defensora del Pueblo recibió algunas denuncias.
“Ciertamente realizó las diligencias, no tengo complejos en reconocerlo, sin embargo, falta imprimirle más importancia a los casos en vista de las múltiples denuncias formuladas”.
Virgüez lamentó que el Ministerio Público no haya actuado tan diligentemente para imputar a las personas vinculadas a disturbios o manifestaciones en la ciudad y relacionadas con las violaciones a los derechos humanos.
“Aquí en Lara se han producido violaciones a los derechos humanos, desde febrero a septiembre, por parte de los organismos de seguridad, durante las protestas el 12 de febrero, eso fue público y notorio, se utilizaron armas de fuego para disuadir las manifestaciones cercanas a la 14 Brigada”.
El abogado también denunció el retraso en la celebración de varias audiencias, tal es el caso de los detenidos del 12 de septiembre.
Estado de salud de los detenidos
La salud de la señora Uzcátegui está estable, indicó. En el caso de los jóvenes (el promedio de edad es de 23 años), se encuentran bien, dentro de los parámetros normales.
“Uno de los muchachos tiene a un familiar enfermo, se ha visto en la obligación de velar por el joven preso y eso ha mermado su salud, sufre de cáncer de seno y su salud se ha visto afectada considerablemente. La salud moral psicológica emocional evidentemente está afectada”.
Perspectivas
El panorama que vislumbra el abogado es que para 2015 pudieran suscitarse otras manifestaciones de calle.
“Veremos algún tipo de expresión, de descontento, esperamos que sea en la manera más idónea, y que el Gobierno no pretenda criminalizarlas como este año. Desde hace 10 años se percibe un proceso de criminalización de la protesta pacífica a un nivel bastante lamentable. Si el Gobierno habla de paz debe respetar ese espacio y derecho de la población a expresar aquello con lo que no está de acuerdo. El llamado a quienes tomaran la calle entienda que la idoneidad de la protesta es lo que lleva al éxito”.
En cuanto al apoyo de la sociedad refirió que hay un espaldarazo importante, “es más de lo que creíamos pero menos del que quisiéramos, creemos que debe ser un poco más, igualmente agradecemos que estén pendientes y no olviden a quienes permanecen privados de su libertad”.
