El cambio climático, un término que hace referencia a la variación de las condiciones climáticas del planeta por causas principalmente humanas, es uno de los problemas ambientales globales más conocidos en el mundo pero cuyo impacto en distintas áreas de la vida no ha sido previsto o tomado en consideración por muchas personas.
La Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (adoptada en 1992 en Nueva York) define el término como “cambio del clima atribuido directamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observado entre períodos comparables”.
Se diferencia del calentamiento global y no se puede emplear como un sinónimo. El calentamiento global es empleado para hacer referencia al aumento de la temperatura media de la atmósfera terrestre y los océanos, como lo aclara el doctor Rafael Javier Rodríguez, docente de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA- Barquisimeto) y fundador de la cátedra libre para el estudio del Cambio Climático en esa casa de estudios, en su libro titulado El Cambio Climático: una respuesta física al comportamiento humano, basado en sus constantes lecturas e inquietudes sobre la inevitable vinculación o interrelación entre cambio climático- sociedad y educación.
Transcurrieron 15 años luego de la convención de la ONU (que en 1997 dio pie al conocido Protocolo de Kyoto, según el cual las naciones que lo suscribieron se comprometían a reducir sus emisiones de gases a la atmósfera, algo que a la fecha no se ha cumplido según los planes previstos), para que el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) validara con base científica física que las actividades humanas modifican, en gran medida, la química de la atmósfera y, por tanto, el clima del planeta.
Para diciembre de 2015, las naciones se han fijado el reto de aprobar un nuevo pacto global, durante la Conferencia sobre Cambio Climático la ONU (COP21), prevista en París, y que entraría en efecto en 2020, aunque no está claro cuánto durará el periodo de compromisos iniciales de las naciones.
La Conferencia de las Partes (COP, por sus siglas en inglés) es el nombre dado a las citas anuales de representantes de los 195 países (más la Unión Europea) que ratificaron la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (Cmnucc).
A principios de diciembre de 2014 se desarrolló la COP20 en Lima, Perú, donde según las informaciones divulgadas por los medios de comunicación y las agencias internacionales de noticias, se sentaron las bases del acuerdo que posiblemente se consolidará en el próximo encuentro de París.
El texto consensuado incorporó con distintos matices aspectos cruciales en la ruta hacia el acuerdo que debe quedar aprobado en diciembre de 2015. Reconoce una responsabilidad común y “diferenciada” de los países frente al calentamiento y establece mecanismos para hacer frente a “pérdidas y daños” por fenómenos climáticos extremos, que sufren especialmente países pobres e islas del mundo bajo amenaza.
“La esperanza de un éxito en París se acerca”, dijo Laurent Fabius, canciller de Francia, país organizador de la COP21 en diciembre de 2015.
Venezuela tuvo una participación gris en la conferencia, pese a la realización de una autodenominada Pre- COP, en la Isla de Margarita. El canciller Rafael Ramírez solo se dedicó a denunciar a EEUU por la presunta producción de petróleo esquisto, “causante de un desastre ecológico”.
Pese a que es responsabilidad de las partes signatarias de la Convención Marco sobre Cambio Climático, elaborar informes frecuentes sobre la situación de cada país, Venezuela solo ha elaborado una Comunicación Nacional (2005) sobre el tema.
Diagnóstico de los expertos
El Grupo de Expertos del IPCC, publicó en octubre de este año una nueva evaluación de los conocimientos científicos al término de un trabajo de síntesis de los estudios existentes en el mundo entero, sobre el cambio climático.
Entre las principales conclusiones señalan que la media global de temperatura en la superficie del planeta subió 0,85°C (grados centígrados) entre 1880 y 2012; las tres últimas décadas fueron sucesivamente las más cálidas desde 1850; según la Agencia norteamericana oceánica y atmosférica, los diez primeros meses de 2014 fueron los más calurosos desde 1880.
De igual forma, la acidez de los océanos aumentó un 26%, a causa de la absorción de una parte (30%) de las emisiones de CO2 (Dióxido de Carbono). La superficie media anual de los hielos polares disminuyó entre 3,5 y 4,1% por década entre 1979 y 2012.
El nivel de los océanos, por su parte, subió 19 centímetros entre 1901 y 2010.
Las concentraciones gases de efecto invernadero en la atmósfera, GEI (CO2, metano y protóxido de nitrógeno), son los más elevados desde hace 800.000 años.
En el informe, los expertos también incluyeron modelos que arrojan cuatro escenarios futuros factibles. “En ausencia de nuevas medidas para reducir las emisiones, el planeta seguiría el escenario más elevado, correspondiente a un alza global de las temperaturas a fines del siglo XXI de 3,7 a 4,8°C con relación a 1850-1900”.
Señalan que “el umbral de 2°C que no se debe superar para evitar impactos irreversibles y graves implica reducir las emisiones entre 40 y 70% de aquí a 2050 (con relación a 2010) y hacerlos desaparecer en 2100”.
El impacto del fenómeno producido por el hombre, se siente en el alza de las precipitaciones las latitudes medias del hemisferio norte durante el siglo XX. En el aumento y frecuencia de los eventos extremos y la duración de las olas de calor en Europa, Asia y Australia; episodios de lluvias intensas más violentos y frecuentes en las latitudes medias y en las regiones tropicales húmedas; menos precipitaciones en las regiones secas, con algunas excepciones.
Venezuela sin un ente rector definido
El ambiente es un derecho humano de tercera generación y Venezuela ha sido pionera en Latinoamérica con la aprobación de la primera Ley Orgánica de Ambiente, en 1966, y el primer en tener un ente rector en la materia (Ministerio de Ambiente), en 1977.
En el país se ha creado toda una infraestructura alrededor de las políticas ambientales, existe una administración pública ambiental, fiscalías del Ministerio Público con competencia en materia ambiental, salas especiales dentro de la Defensoría del Pueblo vinculadas con el tema de los derechos ambientales que son irrenunciables, pero de un momento a otro, en septiembre de 2014, el ejecutivo nacional decidió fusionar el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente (Minamb) con el Ministerio de Vivienda y Hábitat, para crear el Ministerio de Ecosocialismo, Vivienda y Hábitat, decisión que ha sido cuestionada por muchos y justificada por algunos.
La mayoría de los especialistas en la materia, como el profesor universitario Hildebrando Arangú exponen su rechazo. “El Minamb era un organismo llamado a ordenar y regular la actividades del sector privado y público, algo que está claramente definido en los artículos 112 y 299 de la Constitución. “Y, al invertir las funciones se llega a un nivel de libertinaje importante en esa actividad”.
El principal temor viene dado por la mezcla de la gestión preventiva y protectora del ambiente, con la vocación de un ministerio antagonista.
Fuentes extraordinarias al ministerio desconocían hasta el mes de diciembre, cómo se llevaría a cabo la fusión y qué pasaría con los programas y planes de la cartera, lo único cierto para ellos es que la medida entra en vigencia en enero de 2015.
