Podemos decir que se trata de una asignatura pendiente dentro de las políticas públicas de carácter social que en materia de educación universitaria, anima el debate en la agenda de la transformación o Retos de la Universidad para el Siglo XXI, como también se le denomina en las últimas décadas.
Además, es parte de la agenda de los organismos internacionales, orientada en términos del problema de la exclusión social y el combate a la pobreza, como desafío a encarar desde la relación existente entre la educación y el desarrollo humano integral, o lo que hemos denominado: el desarrollo humano sustentable y local, uno de cuyos pilares fundamentales está representado por la equidad.
Como podrá apreciarse, el tema no es nada novedoso y al respecto existe toda una importante y vasta bibliografía sustentada en estudios e investigaciones de toda índole, concluyente por lo demás en cuanto a su incorporación a los acuerdos y declaraciones mundiales en materia de derechos humanos y a la necesidad impostergable de acometer acciones al respecto.
En la Gaceta Oficial N° 360.176, de la República Bolivariana de Venezuela, con fecha Miércoles 26 de Marzo de 2008, se publica la Resolución Ministerial que recoge la decisión aprobada por el Consejo Nacional de Universidades, en sesión ordinaria, del 06 de marzo de ese mismo año, en cuanto a un Nuevo Sistema de Ingreso a la Educación Superior, su implementación, la eliminación de todas las Pruebas Internas de Admisión Existentes en las Universidades Públicas y la continuidad del perfeccionamiento de dicho sistema. Para ese entonces, el Ministro y Presidente del CNU, era Luis Acuña.
Luego de más de seis años de esa decisión, el nuevo Ministro de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, Manuel Fernández, egresado de la Unexpo- Barquisimeto, ligado a las luchas gremiales que estudiantes, profesores, empleados y obreros, libramos en los años 90 y 91 contra al gobierno de turno, plantea en la sesión del CNU del día Martes, 16 de diciembre pasado, retomar dicha decisión para ponerla en práctica a partir de enero del próximo año.
Básicamente, la decisión está fundamentada, entre otros aspectos, en promover una mayor equidad en el ingreso, prosecución y egreso del estudiante al sistema, principio con el cual nadie debería estar en desacuerdo.
Asimismo, se incorporan nuevas variables a los parámetros hasta ahora tenidos como válidos. En lugar de considerar, únicamente: 1. Las notas académicas del primero a cuarto año, asignándole un peso de 97%; y, 2. Otras variables (sin especificaciones), ponderadas bajo un 3%; revelador, por lo demás de lo insuficiente de tales criterios; ahora se incluirán, otras, bajo una nueva ponderación: Indice Académico (50%); Condiciones socioeconómicas (30%); Territorialización o ubicación geográfica (15%); y Participación (5%).
El énfasis de la nueva propuesta aprobada se focaliza en la redistribución del ingreso como tal, en el sentido de desconcentrar las demandas en pocas universidades y en pocas carreras, procurando eliminar la figura del “bachiller sin cupo”. Además, sin desconocer los acuerdos o convenios específicos que tengan suscritos las universidades, por razones excepcionales (por ejemplo, para atletas de alto rendimiento, convenios colectivos, o requisitos de una carrera en particular), ni otras medidas que puedan tomarse para perfeccionar el sistema.
