El servicio de Neurocirugía del Hospital Central Antonio María Pineda (Hcamp) paralizó sus funciones operativas. Así lo ratificaron los galenos adjuntos y residentes en solidaridad a dos especialistas que fueron imputados por desacato a la autoridad, al no obedecer una decisión que instaba la incorporación inmediata de un estudiante de tercer año que había sido aplazado y despedido del postgrado de la especialidad médica. Los pacientes serán referidos al Seguro Social y Hospital Militar.
El doctor Rafael Vásquez, jefe del servicio de Neurocirugía, y Rhomy Orta, coordinadora docente del postgrado en Neurocirugía, fueron los acusados según decisión del Juzgado Tercero Ejecutor de Medidas de los Municipios Iribarren, Crespo y Urdaneta, a raíz de la denuncia que interpusiese el ciudadano Mario Alexander Camacaro López, quien exigió su reenganche al programa académico aduciendo violación de sus derechos.
El Poder Judicial falló a favor del denunciante y exigió su incorporación forzosa e inmediata al cuarto año de la especialidad, incluso saltando por encima la reglamentación académica. Sin embargo, los acusados hicieron caso omiso al exhorto legal por órdenes de la consultoría jurídica del ministerio de Salud. Esta acción produjo su imputación por presunto desacato a la autoridad.
En tal sentido, los implicados se reunieron este miércoles con la doctora María Teresa Pérez, directora sectorial de Salud, y el doctor Ruy Medina, director del Hcamp. En el cónclave ratificaron su decisión de renunciar a su cargo por el problema judicial que enfrentan.
También renunciaron seis galenos adjuntos al servicio como medida de solidaridad, mientras que los médicos residentes no ejercerán labores de atención al paciente neuroquirúrgico por no contar la supervisión médica requerida.
En declaración ante los medios de comunicación, la doctora Orta indicó que el estudiante denunciante registró una calificación de 8 puntos de los 15 posibles para aprobar el año.
“Estamos en contra de la medida. Nosotros simplemente cumplimos la reglamentación de residencias asistenciales. No es tolerable esta situación, nosotros velamos por la salud de la ciudadanía y trabajamos para formar un residente de calidad. No podemos egresar a personas que no tengan la capacidad de intervenir a una persona”, declaró.
Subrayó que la restitución operativa del servicio está en la salida voluntaria del denunciante.
Residentes sólo cumplirán horario
En tanto María del Mar Rivero, residente de quinto año en Neurocirugía, explicó en nombre de sus compañeros que no podrán ejercer acciones neuroquirúrgicas porque dependen obligatoriamente de la supervisión de los especialistas adjuntos, quienes legalmente son los capacitados para el manejo médico y operatorio del paciente.
Por tanto, informaron que sólo cumplirán con el horario asistencial y la clave de guardia.
Medina condena decisión del Tribunal
El doctor Ruy Medina explicó que los reglamentos establecen que todo estudiante que haya perdido un año del postgrado queda automáticamente retirado. Condenó la decisión del Tribunal por violar los estatutos académicos del centro asistencial.
“De ahora en adelante, los coordinadores de postgrado no evaluaremos a los estudiantes, porque si nosotros cumplimos con un procedimiento y aplazamos a un participante para que el Tribunal lo ordene a reintegrar, entonces ¿cómo lo vamos a evaluar?”, se cuestionó el galeno.
Remitirán a los pacientes a otros centros
A raíz de esta situación, se pudo conocer que todo paciente que ingrese al Hospital por alguna patología en su sistema central, periférico y vegetativo será remitido a los servicios de Neurocirugía del Seguro Social Pastor Oropeza y Hospital Militar.
Cabe destacar, que este componente asistencial es el más importante de la región, pues cuenta con una disponibilidad de 30 camas.
