“El sistema democrático se basa en la división de los poderes. ¿Qué sentido tiene esto?, la vigilancia recíproca que tiene uno sobre el otro. Cuando no existe una división de los poderes, cuando hay solo un mandato que baja directo del Ejecutivo Nacional, estamos indiscutiblemente en un sistema que si no es una dictadura, no es un sistema democrático”, expresa Jorge Rosell, abogado, exmagistrado de la Sala de Casación Penal del TSJ. Trabajó durante 34 años en el Poder Judicial y actualmente es profesor en varias universidades del país.
El especialista asegura que el Poder Judicial en Venezuela está intervenido y no es independiente, convirtiéndose en un órgano adscrito al Gobierno, es decir que recibe las órdenes oficialistas. Eso acaba con la independencia judicial, que está basada en la autonomía de los jueces.
“La independencia del Poder Judicial no es una característica sino una garantía ciudadana, porque los asuntos se solventarían conforme a los hechos probados y al derecho vigente, aplicando el derecho correspondiente por parte del juez. Esto es indiscutiblemente un derecho humano, que ha sido violado de forma sistemática por este Gobierno”, manifestó Rosell.
El exmagistrado señala que en el siglo pasado durante las dictaduras de Juan Vicente Gómez y Marcos Pérez Jiménez, se vieron actos de tortura y constante violación de los Derechos Humanos. En 1958 renació la democracia y en el curso de 40 años estuvo llena de respeto, presentando algunos tropiezos, pero nunca de una forma tan descarada como ahora. “La violación de los Derechos Humanos actualmente es de forma sistemática y la usan como política del Estado”, señala Jorge Rosell.
Hizo mención al caso de la jueza María Lourdes Afiuni, quien por cumplir su deber fue llamada “sinvergüenza” y mandada a privar de su libertad. Asegura que esos casos sólo pasan en dictadura.
El acceso a los tribunales es una garantía y un derecho, bien sea de parte de la persona que está siendo juzgada o de la persona que está siendo la víctima.
“Los privados de libertad en el país, en su mayoría están sin base probatoria y con procesos demorados. Eso es una forma de pena anticipada. Es un atropello, en detrimento de los Derechos Humanos. Todo el Poder judicial se desvirtuó desde que comenzó el régimen”, exclama Blanca Rosa Mármol de León, abogada, quien fue defensora pública en la parte penal, posteriormente juez y exmagistrada de la Sala Penal del TSJ. Laboró 37 años en el Poder Pudicial.
Ella asegura que en Venezuela los tribunales no están dotados con personal calificado.
Por otra parte indica que los Derechos Humanos tienen una categoría muy amplia, que ni siquiera se puede clasificar.
“Nos violentan los derechos humanos a los venezolanos con los tribunales sin independencia, al someternos a la escasez de medicinas esenciales. Eso va contra el derecho humano a la salud. También al volver inaccesibles los pasajes para salir del país y la adquisición de divisas. De hecho, esto es una prohibición de salida del país para todos nosotros. Nos están cercenando el derecho a la libertad, con las colas el derecho a la alimentación y nos colocan en situación de indignidad, sometimiento. Son vejámenes en definitiva a los cuales hemos sido sometidos los últimos años, de una manera que resulta inaceptable”, enfatizó Mármol de León.
Ambos especialistas, concluyen al decir que el Estado se puede recuperar, al hacer lo mismo con la democracia, porque van de la mano. La independencia de los poderes públicos es garantía de la democracia.
Casos emblemáticos
Las detenciones de los dirigentes político sLeopoldo López y Enzo Scarano, éste último alcalde municipio San Diego, del estado Carabobo, son casos en los que se ve la intervención directa de la mano del Ejecutivo Nacional en el Poder Judicial, en el sentido de que los jueces deciden conforme a los intereses del oficialismo.
Con Leopoldo López existe hasta un mandato de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en donde se expresa que debe ser liberado de forma inmediata, pero fue totalmente ignorado por la propia Luisa Ortega Díaz, fiscal general de la República, luego de que el Presidente indicará que no debían recibir órdenes del Imperio.
Al coordinador de Voluntad Popular lo mantienen privado de su libertad, sin suficientes elementos para ello, aislándolo de su familia. Hasta le niegan las visitas.
En el caso de Scarano, la Sala Constitucional decidió y condenó, destituyéndolo de su cargo, cuando no era su competencia hacerlo. Era la Sala Penal la que debía actuar, coinciden Rosell y Mármol de León.
El venezolano ha evadido los conflictos
Blanca Rosa Mármol de León expresa que durante 16 años el venezolano se ha ido resignando, asumiendo como una fatalidad, como algo inevitable, todo lo que está sucediendo.
El venezolano, dice ella, piensa que las cosas se van a resolver “solas”, pero nada se resuelve solo. Lo que puede ocurrir es una solución por empeoramiento, pero de lado de esta cantidad de personas también hay un grupo importante que se da cuenta de que tienen que actuar. Por ello habla de “mantener la esperanza”.
Mármol de León manifiesta que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia fue creada para garantizar la vigencia de la Constitución, no obstante a cada ciudadano no se le violenten sus derechos constitucionales y en la práctica se ha distorsionado, al convertirse en la vigilante de todas las sentencias, en especial las de materia penal. Esa Sala actúa en casos que no son de su competencia, advierte.
