Luego de cumplirse un año del anuncio presidencial sobre la homologación salarial de los docentes regionales, cuyos beneficios no han sido adjudicados en el estado Lara, los poderes públicos de la región ofrecieron una rueda de prensa en respaldo a la coalición sindical de educadores y en función de exhortar al gobernador del estado al pago inmediato de la nivelación mediante créditos adicionales.
En la reunión estaba presente el presidente del Consejo Legislativo Estadal (CLEL), Luis Jonás Reyes, en representación del Poder Legislativo; el Mayor Nelson Pereira, coordinador regional de la Inspectoría del Trabajo, por parte del Poder Ejecutivo; y Elba Yris Rodil, Defensora del Pueblo en el estado Lara, delegando el Poder Moral. Por parte de los docentes, se encontraba la profesora Hilda Peña.
Reyes, explicó que la gobernación ha recibido 2.400 millones de bolívares a través de créditos adicionales, cifra que representa seis veces más la deuda con el sector educación que asciende a los 650 millones de bolívares. En tal sentido, declara, no se explica porqué el ejecutivo no destina recursos a un sector laboral que percibe un sueldo base por debajo de la escala Salario Mínimo.
“El gobernador recibió más de 1.020 millones de bolívares en el mes de noviembre por el excedente en la estimación del precio del petróleo. De este monto ha utilizado 640 millones y le quedaría unos 380 millones, a eso le sumamos 150 millones que recibió este miércoles y con eso tendría los recursos suficientes para solventar el problema salarial de los docentes sin depender del Gobierno Nacional”.
Por su parte, el Mayor Pereira advirtió que el mandatario regional puede ser sancionado penalmente por el delito de incumplimiento y desacato a Ley en flagrancia, debido al presunto desconocimiento de los expedientes legales de la Inspectoría del Trabajo y Tribunal Contencioso Administrativo. Adicionó, que el próximo miércoles reunirá a los sindicatos del magisterio y representantes de la Gobernación de Lara para fijar los criterios técnicos financieros a fin de empezar a discutir la VII Contratación Colectiva en el sector.
Rodil, explicó que amén de las peticiones reivindicativas, está en juego el Derecho a la Educación, elemento integral de la sociedad que puede verse afectado por la deuda. A su criterio, no existe voluntad política para resolver un acto de justicia social con un gremio laboral.
Por último, Peña informó que admitirán un recurso de amparo ante el Tribunal de Control del Niño, Niña y Adolescente por la presunta violación al derecho de la educación de los infantes.
