El informe sobre el caso La Pastoreña, conflicto entre vecinos de Yacural y La Pastoreña, que dejó dos muertos por unos terrenos, iba a ser discutido ayer por la comisión especial que investiga el caso en la Asamblea Nacional y que está conformada por los diputados Alexander Torrealba, Edgar Zambrano y Guillermo Palacios, pero fue suspendida la reunión.
El informe expresa que los habitantes de Yacural “en función al decreto de Emergencia para Terrenos y Viviendas en Gaceta Oficial No. 6.018, Extraordinario del 29/01/11 y el Decreto de Ley Especial de Regularización Integral de la Tenencia de la Tierra de los Asentamientos Urbanos o Periurbanos, Gaceta Oficial Extraordinario No. 39.668, de fecha 06/05/11, decidieron activarse para hacer efectivo su derecho constitucional a poseer una vivienda adecuada, segura, cómoda, higiénica, y con sus servicios básicos esenciales”.
Agrega el documento que esta acción por parte de los comuneros de Yacural determinó que los vecinos de La Pastoreña asumieran la violencia como herramienta para dirimir un litigio por la propiedad privada sobre un terreno que se encuentra ubicado frente a sus residencias.
Agrega el informe que el proyecto La Pastoreña fue replanteado porque en el terreno, causa del enfrentamiento, las empresas constructoras que han tenido bajo su responsabilidad el cumplimiento de las obligaciones contraídas con sus compradores, pensaron en principio fabricar otro conjunto de edificios de apartamentos para vivienda, sin embargo, debido al alto impacto vehicular y de atención con los servicios, como el agua servida, se vieron obligados a modificar éstos por unos “town houses”. Se hace la aclaratoria por dos elementos esenciales a saber continúa el informe: Primero, que el terreno de marras no es propiedad de los comuneros de La Pastoreña. Segundo, que desde hace doce (12) años, aproximadamente, las empresas Inversiones Marttinique C.A. no ha cumplido con la oferta.
En el documento se considera que el desconocimiento de las novísimas leyes sobre la tenencia de las tierras urbanas y periurbanas fue la falla de los vecinos, además, “discriminaron a sus vecinos de Yacural, en descalificarlos y descalificarlas para vivir enfrente de sus apartamentos porque “deprecian” sus propiedades, la Constitución del 99 estatuto en su artículo 21, que nadie puede ser discriminado, por ninguna razón y tampoco por su condición social”.
“Los copropietarios de La Pastoreña, están en todo su derecho que las empresas de construcción les cumpla con lo ofertado y comprado por cada uno de ellos. El Colectivo Yacure tiene todo el derecho a aspirar a una vivienda y hoy en día posee el sagrado derecho de exigirle al Estado venezolano que le haga justicia y apresen a los asesinos o asesinas que les mataron a dos de sus hijos.
Conclusiones
Se exhorta a la Defensora del Pueblo, capítulo Lara a planificar e impartir Talleres de convivencia y mediación de conflictos a los copropietarios y copropietarias de La Pastoreña y al Consejo Comunal de Yacural.
Se exhorta a la Defensora del Pueblo, capítulo Lara a apoyar y orientar a los copropietarios y copropietarias de La Pastoreña en la defensa de sus derechos frente a la actuación de la empresa privada que les ofertó un desarrollo urbano que hasta la fecha, presuntamente, no ha sido culminado, en unos terrenos donde existen fundadas dudas de pertenecerles.
